AÑO 17 VOLUMEN 4119

 

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Tres meses sin cambio en Veracruz

J.M Pasado

Lo cierto es que no se puede juzgar a priori a los ejecutados que arrojaron este martes 28 de febrero en el municipio de Boca del Río, sin antes saber quiénes son y a qué actividad se dedicaban, pero el gobernador panista ya les puso el sello de delincuentes
Al gobierno panista-perredista de Miguel Ángel Yunes Linares ya se le hizo bolas el estado de Veracruz. Se cumplieron tres meses de actividades y el prometido cambio no llega, lo que tenemos es una terrible inseguridad, un abundante desempleo y una reestructuración financiera que no alcanza a aterrizar en el Congreso local, factores que tienen contra la pared al gobernante en turno.

Convertido en todo un juez, Miguel Ángel Yunes dijo que “como lo he venido señalando es una lucha entre bandas de delincuentes organizados. Como lo dicen en el propio cartel que dejaron, se trata de una guerra entre ellos mismos”. Lo cierto es que no se puede juzgar a priori a los ejecutados que arrojaron este martes 28 de febrero en el municipio de Boca del Río, sin antes saber quiénes son y a qué actividad se dedicaban, pero el gobernador panista ya les puso el sello de delincuentes.

En el sexenio de Javier Duarte, en septiembre del 2011, en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines de Boca del Río, fueron arrojados 35 cuerpos, por lo que las autoridades estatales los vincularon con el grupo de Los Zetas y fuentes castrenses informaron que integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación habrían sido los autores de la abominable masacre de los 23 hombres y 12 mujeres.

Por la noche, el entonces procurador de Justicia (ahora Fiscalía General del Estado) Reynaldo Escobar Pérez, confirmó la aparición de los cuerpos en la transitada avenida boquense y declaró que todos tenían antecedentes penales, estaban vinculados al narcomenudeo, secuestro y homicidio, cuando ni siquiera se había abierto una carpeta de investigación para identificar a las víctimas. Incluso, Duarte tuiteó que la muerte de estas personas era lamentable, “pero lo es más que esas mismas personas hayan escogido dedicarse a extorsionar, secuestrar y matar”. 
Fue tanta la presión de la sociedad veracruzana y de grupos de activistas en las redes sociales, por las pifias cometidas por Reynaldo Escobar, sobre todo acusar a las personas asesinadas de ser integrantes del crimen organizado, que el 8 de octubre del 2011 presentó su renuncia al cargo.

Hoy, Miguel Ángel Yunes vuelve a cometer el mismo error, acusar a los 11 ejecutados arrojados en el municipio de Boca del Río de estar coludidos con el crimen organizado. ¿Con base en qué investigación realiza esa precisión de los muertos que ya no se pueden defender?.

Y claro, para Yunes Linares el hecho que calificó como una barbarie, no lo ve como una declaración de guerra en contra del gobierno. “Es una lucha entre ellos, no creo que estén desafiando al gobierno. El problema no es con el gobierno, el gobierno los está enfrentando como delincuentes que son, pero se trata de un enfrentamiento entre bandas de delincuentes organizados, que de esta manera tratan de afectar su operación en una zona determinada como ellos lo dicen, vamos a estar todos aquí, todos quieren estar aquí, en una zona determinada quieren tener territorio libre, dejarlo para una sola banda de delincuentes”.

Lo cierto es que este miércoles 1 de marzo ya identificaron a dos de los ejecutados: se trata de Shantal J.S., de 24 años, que de acuerdo con lo declarado por su madre, quien también reconoció a otro de los ejecutados, Antonio V.C., de 18 años, ambos vecinos de la colonia Pascual Ortiz Rubio del puerto de Veracruz, habían ido al paseo del Carnaval, más tarde se trasladaron a la discoteca denominada “Capezzio”, donde fueron sacados con lujo de violencia. Otras dos personas, cuyos cuerpos aparecieron entre los 11 arrojados, fueron levantadas mientras se encontraban disfrutando del paseo del Carnaval la misma noche del domingo pasado.

Pero Miguel Ángel Yunes
no nada más enfrenta una terrible inseguridad, que al igual que en el sexenio de Duarte, ya provoca sicosis y temor entre la población, sino que, acelerado como es, no midió consecuencias al enfrentarse en un tema mediático con el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, a sabiendas que venía la reestructuración de la deuda y que necesitaba de los votos en el Congreso local, de los diputados de Morena.

Así que no más la iniciativa sigue sin ser aprobada, y ya lo dijo el legislador y coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del estado, Amadeo de Jesús Cruz Malpica, que si el gobierno estatal no da detalles sobre el destino de los recursos que se obtendrían con la reestructuración, no habrá luz verde.

“Se tiene que decir a los veracruzanos cuánto se va a reestructurar, con quién se va a reestructurar, cuánto es de la reestructuración, cuando haya esa información entonces tendremos una discusión seria, no hay esa información no habrá condiciones para tenerla”, se la cantó al gobierno de Yunes el alfil pejista.

Aunque el propio gobernador Yunes ha declarado que se avecina una crisis económica y social de consecuencias incalculables si no se reestructura la deuda pública. Es más, afirmó que el Gobierno del Estado debe al SAT 15 mil millones de pesos, herencia de la administración duartista, lo que provocaría un embargo de participaciones federales, lo que agravaría aún más la situación financiera. 

Vamos a ver hasta dónde tiene alcance el poder de Andrés Manuel, a través de sus diputados en el Congreso veracruzano, o si a Miguel Ángel Yunes le alcanzan los votos de los priistas y los independientes para sacar al buey de la barranca.

El otro tema que agrava la crisis del gobierno yunista es el alto porcentaje de despedidos de las dependencias estatales, que asesorados por abogados han presentado sus respectivas demandas laborales para que los liquiden conforme a derecho. Son miles que se presentan en la Junta de Conciliación de la Secretaria del Trabajo y que le costará millones al Gobierno del Estado la liquidación.

Tres meses sin cambio, sin promesas cumplidas, empieza a hacer crisis y a desilusionar a los que vieron en Miguel Ángel Yunes una mejor opción de gobierno al PRI del corrupto Javier Duarte de Ochoa, quien continúa siendo el dolor de cabeza del señor gobernador.

NO MARCHEN

La comunidad académica presume que a la rectora Sara Ladrón de Guevara podría complicársele la reelección al frente de la rectoría. Su trabajo deja mucho que desear, sobre todo en la batalla por el cobro de la deuda que tiene el Gobierno del Estado con la UV. La comunidad universitaria exigirá en su momento que actué para recuperar los recursos que tienen paralizados programas y proyectos de la Universidad Veracruzana… Anda muy nervioso el extesorero de Duarte, Antonio Tarek Abdalá, y no es para menos, un juez federal desechó la solicitud que interpuso para frenar el proceso de desafuero en su contra por notoria improcedencia. Así que todo marcha viento en popa para que se le haga justicia al pueblo veracruzano. Tarek está acusado de desviar 23 mil millones de pesos, cuando fungió como tesorero del prófugo gobernador Javier Duarte de Ochoa, y al servicio de la esposa de éste, Karime Macías de Duarte… Dice el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, Sergio Lois Heredia, que “con este tipo de noticias -11 cuerpos arrojados- es imposible que nos perciban como un destino seguro para vacacionar”. Cuanta razón tiene. Veracruz sigue siendo portador de malas noticias… Nos vemos mañana.

 


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