AÑO 10 VOLUMEN 3599
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PLANA MAYOR

Gaudencio García Rivera

Cuando la verdad se confunde con los intereses sociales, políticos y personales, se pierde la confianza de la audiencia”. Michael Bugeja, de la Escuela de periodismo de la Universidad estatal de Iowa.

  • Ley de Tránsito criminaliza en Veracruz

No podían faltar las justificaciones, la política regresiva, las barbaridades y la paranoia de los poderes Legislativo y Ejecutivo local por la barbarie que han provocado las células criminales en la entidad. En nombre del operativo Veracruz Seguro, el Poder Ejecutivo en concubinato con el Poder Legislativo, emitió la nueva Ley de Tránsito que tiene más carácter de persecutoria, criminal, espionaje y recaudatoria y de corte fascista.

La bancada mayoritaria del PRI y sus satélites de la LXIII Legislatura local, cuando presentó uno de sus diputados la iniciativa de ley —uno de los peleles con que cuenta el bicéfalo líder cameral Juan Nicolás Callejas Arroyo—, para modernizar y actualizar la Ley de Tránsito en Veracruz dibujaba en uno de sus articulados la “regulación” de las manifestaciones en cualquiera de los 212 municipios del estado.

Hubo condenas estridentes contra los sesudos y orondos diputados del PRI del Poder Legislativo que coartaba la libertad de manifestación, de expresión y reunión de la sociedad democrática, que de inmediato el autor y modosito legislador prometió suprimir artículos, cláusulas y temas candentes que vulneraran las garantías individuales y derechos humanos de quienes integra (mos) la res pública del Estado mexicano.

Todo fue un ardid. Al igual que los bretes de la loza de la deuda pública del Gobierno del Estado, de la falta de pagos a los acreedores con sus respectivos intereses, la visión y estrategia anticrimen para reducir la ola criminal que tiene en jaque al gobierno en turno, el incumplimiento de pagos a las fuerzas castrenses, la impunidad que reina para castigar a quienes se han enriquecido en forma inexplicable, la nueva reforma del Código Electoral que resultó un gatopardismo y la nueva Ley de Tránsito, se convirtieron a la postre en unos ordenamientos “metaconstitucionales” en perjuicio de los mandantes.

Con el argumento baladí, truculento y perverso de la clase política gobernante y con toda la manga ancha de los peleles diputados de la LXIII Legislatura local, la nueva Ley de Tránsito no sólo criminaliza a los automovilistas y operadores de unidades pesadas sino que deja en estado de indefensión a la población desde el Pánuco hasta el Tonalá. A los monopolistas de las grúas, como el caso Xalapa, apenas se les toca con el pétalo de una rosa, parientes del titular de la SSP.

Es evidente, que por ley los mofletudos diputados y sabias diputadas deberían de consultar a sus representados de cada uno de los 30 distritos electorales cuando estén en el vórtice leyes que afectarán pecuniariamente su patrimonio y sus derechos. Lo mismo ocurriría con el Poder Ejecutivo que, por lo menos por urbanidad política, tiene que someter al escrutinio público una iniciativa de ley que afectará en lo mediato e inmediato a la sociedad que lo votó en las urnas electorales.

Las altas esferas gubernamentales no pueden echar campanas a vuelo con sus decisiones autoritarias. Los mandantes estamos a tiempo para recurrir a las herramientas legales que permite la Carta Magna para echar abajo las normas que criminalizan a la sociedad y mandantes de a pie y de paso someterlos al banquillo de los acusados para que respondan por todos los agravios que han cometido a los veracruzanos, en nombre de la ley que han pisoteado.

Los operativos Veracruz Seguro no son un cheque en blanco para que los altos círculos del poder público cometan todo tipo de actos extralegales en contra de las fuerzas de oposición y de quien o quienes disienten de la política duartista por el hecho de conducir a la entidad en un “Estado disfuncional”. ¿Correcto?

AL CALCE… Cualquier parecido es mera coincidencia. ¿En qué se parece Grecia, el país eleno exintegrante de la Unión Europea a partir del martes 30, con Veracruz? En que sus gobernantes populistamente los hicieron creer que eran muy ricos y que no había crisis económica que los alcanzara, mientras ellos administraban la abundancia para… su bolsillo. Acá, en el otro continente, en Veracruz la debacle financiera entró en los regímenes locales de 2004, 2010 y lo que falta de 2016, sin que los gobernantes en turno fueran apercibidos por la PGR para que expliquen a los mandantes por qué hay un déficit de más de 40 mil millones de pesos. La larga fila de los acreedores, tanto allá como acá, están que se los lleva el diablo. ¿Quién o quiénes pagarán los platos rotos? ¡Eso, ya lo sabéis! ¡Malditos políticos! Comentarios a gau41@hotmail.com

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