AÑO 11 VOLUMEN 3912
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Gaudencio García Rivera

Polarizan Duarte y Yunes Linares en Veracruz

  • Se acusan mutuamente de excesos, abusos de poder y violación a la ley; las confrontaciones mediáticas son recurrentes. Duarte está blindado su salida
  • Le siguen lloviendo denuncias al gobernador Javier  Duarte que promovió la Auditoría Superior de la Federación ante la PGR para que esclarezca el destino de los dineros públicos
  • La transición del gobierno duartista hacía el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares se dará oficialmente el 1 de noviembre próximo      

 

GAUDENCIO GARCÍA RIVERA/ 12 HORAS / XALAPA, Ver.-El conflicto postelectoral del 5 de junio se convirtió inédito en la historia contemporánea de Veracruz –el PRI, el partido hegemónico por 86 años en la entidad perdió la gubernatura a manos de la oposición-, abrió un duelo epistolar entre el gobernador priista Javier Duarte y el gobernador electo del PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes Linares.
La capital del estado, sede de los poderes oficiales, y la mayoría de  las 212 localidades  de Veracruz, han sido rehén de la polarización de los grupúsculos y partidarios tanto del gobernador constitucional Javier Duarte que dejará el poder en 5 meses cuando concluya su periodo oficial y el gobernador electo Miguel Ángel Yunes, que entra en funciones el 1 de diciembre del 2016.
El excandidato de la coalición PAN-PRD y hoy gobernador electo, se encuentra impugnado por sus opositores de la coalición de 5 partidos políticos que encabeza el PRI, Héctor Yunes Landa, senador con licencia, y del partido Morena, Cuitláhuac García Jiménez, con sendos recursos de inconformidad ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial local, donde ambos reclaman la apertura de las más de 10 mil casillas que se instalaron en el estado para contabilizar “voto por voto” porque la elección “fue un cochinero”.
Si el dictamen del Tribunal Electoral local que se emitirá  en breve no les satisface, de acuerdo con la ley electoral, la defensa de ambos contendientes promoverán sus recursos de impugnación al Tribunal Electoral del Poder de la Federación, máxima  instancia legal, para examinar sus alegatos y el  resolutivo estará siendo expedido a finales de los meses de octubre o principio de noviembre próximos.
En este impasse el conflicto postelectoral ha desembocado en enconos, confrontaciones y desdoros mediáticos tanto del gobierno priista en el poder como del entrante, que de acuerdo con la Constitución Política local la transición de un gobierno a otro formalmente es hasta el 1 de noviembre.
El gobierno de Javier Duarte que maneja los hilos de los poderes Legislativo y Judicial, uno bajo los sótanos del poder público y el otro legalmente que le permite proponer magistrados a su libre albedrio, prácticamente está desmantelando la estructura de la administración estatal con la donación de bienes de bajo valor en el mercado al Instituto de Pensiones del Estado al que le adeuda  más de 5 mil millones de pesos.
A 5 meses de que concluya su accidentada gestión gubernamental, Duarte será  un digno prospecto para el Libro de Guinness: 18 periodistas asesinados, algunos esclarecidos parcialmente y otros con resoluciones amañadas; inseguridad pública; crimen organizado  desbordado que mantiene en jaque al estado; incumplimiento de la deuda a proveedores, medios de comunicación  e instituciones públicos por más de 10 mil millones de pesos.
Bajo el disfraz de donación y con el aval de la mayoría priista de los diputados de  la LXIII Legislatura local, que también irán de salida al concluir sus funciones el 4 de noviembre próximo, Duarte se convirtió en un gobernante magnánimo de la noche a la mañana: a la Universidad  Veracruzana, con la que tiene un brete legal por un adeudo de más de 2 mil millones de pesos, le concedió la autonomía presupuestaria con un incremento del 3% al 4% del subsidio que le otorga el estado para el próximo año cuando deje el poder.
A la Fiscalía General local no sólo le concedió la autonomía presupuestaria sino que le otorgó un incremento del presupuesto de mil a 1,500 millones de pesos; un extenso terreno para ampliar sus instalaciones y  dos helicópteros. Lo mismo hizo con el Poder Judicial. Pero Duarte no para y no tiene reparo alguno para blindar su salida con la complicidad de los diputados de la LXIII Legislatura local. Está  desbordado al grado que sus apologistas y aduladores lo empiezan a abandonar.         
Cuando  se conocieron los resultados electorales del domingo 5 de junio para renovar los poderes Ejecutivo y Legislativo- por esta y única vez habrá un minigobierno de 2 años para empatar las elecciones del 2018-, Duarte arrancó la ira y el reclamo mediático del gobernador electo por el desmantelamiento del gobierno que, prácticamente,  recibirá  un cascarón  el 1 de  diciembre próximo y una deuda pública oficial por más de 57 mil millones de pesos. Otras versiones apuntan una deuda millonaria por 127 mil millones de pesos del gobierno de Veracruz.
La Auditoria Superior de la Federación y la PGR con 26 nuevas denuncias tiene en vilo al gobierno de Duarte para que esclarezca el monto millonario de los dineros públicos destinados a programas  sociales  de este año y de toda su truculenta administración. El dictamen aún no emite.
Estas acciones “legales” del gobierno duartista ha generado la inconformidad y protesta del gobernador electo que ha intentado comparecer ante el pleno de la Legislatura local para persuadir y frenar a los diputados que no aprueben nombramientos de servidores públicos contra la corrupción desfasados para su gestión que favorecerán la impunidad de Duarte y sus incondicionales.
Los reclamos han sido como un grito en el desierto. El gobernador Javier Duarte se autoexonerado de todas las acusaciones y señalamientos que le ha enderezado Miguel Ángel Yunes Linares y sus críticos. Calificó como un “exceso” de su parte al intentar comparecer ante el pleno y utilizar las instalaciones de la Legislatura local porque debe “respetar la soberanía de los poderes”.
Sus operadores han salido a la defensa legal. El secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, el coordinador general de Comunicación Social, Alberto Silva Ramos, y el Fiscal General local, Luis Ángel Bravo Contreras, validaron las decisiones históricas de su jefe y amigo, el gobernador JDO  hasta el 30 de noviembre  próximo.
El prólogo del próximo minigobierno no será muy optimista para los veracruzanos, con una polarización que está exacerbando los ánimos de los grupúsculos políticos salientes con los entrantes de la oposición, un estado dividido entre priistas y la oposición en su conjunto, flagelado por la pobreza y el quiebre de las finanzas públicas.  
El gobernador electo es avalado en número cerrados por un millón de votos en tanto que los candidatos perdedores del PRI por 900 mil votos y al partido Morena con  800 mil votos. En suma, el destino para la población se percibe incierto por el estado disfuncional que heredará Duarte.    
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