AÑO 17 VOLUMEN 4305

 

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Los Efectos del Sismo en la Partidocracia

Plinio Soto Muerza

Cuando en 1977 se iniciaron las consultas para lo que terminaría siendo la reforma política que daría apertura a la participación de nuevos partidos políticos en la vida pública de la República, nadie se imaginaba la magnitud de los recursos económicos que terminarían en el juego electoral. Si bien la reforma aprobada en diciembre del 77, cuando se creó la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE), se consideró necesario dotar a los partidos de apoyos para que los nuevos partidos pudieran enfrentar de la mejor manera las campañas electorales, como un reconocimiento de la función pública de los partidos, es más, la elevación a rango constitucional del reconocimiento de los partidos como entidades públicas, fue entendida como un triunfo de los fuerzas políticas de oposición frente a un sistema autoritario.

Entre 1987 y 1996, el debate en torno al financiamiento público de los partidos nunca dejó ser una prioridad para las fuerzas sociales, así que mientras se avanzaba en la demanda de la transición democrática, a la par se fue desarrollando un fuerte financiamiento público hacia los partidos, obligándose por ley a una serie de disposiciones de fiscalización y candados para evitar que recursos privados de procedencia ilícita invadieran y pervirtieran la acción de los partidos y por lo tanto distorsionaran el sentido de lo público en los partidos.

Sin embargo todos en México hemos visto como los partidos fueron constituyéndose en verdaderas empresas privadas que con recursos públicos, terminaron apoderándose de la legítima representación política de los ciudadanos. Los casos de los partidos PVEM y MC, son sin duda los extremos de una concepción de partidocracia. Por ejemplo, el PVEM en 1997, recibió en total $37,592,934.02, para el año 2003, recibió $366,979,143.52, y para el año 2015, recibió un total de $429,152,081.43.

Por su parte, MC, antes Convergencia Democrática, en 1998 cuando, recibió $9,939,555.00, para el 2003, obtuvo como financiamiento público un total de $248,396,990.95, y para el 2015, el total de financiamiento fue de $352,779,957.57.

A años de su fundación en PVEM lo mismo se ha aliado con el PAN que el PRI, mientras MC, ha pasado de ser aliado en la izquierda, a ser un aliado del PAN.

Todo esto viene al caso, porque a partir de los sucesos dolorosos del S-19 que ha dejado una estale de destrucción de miles de viviendas y de infraestructura básica, los partidos han entrado a un concurso de presentarse a ver quién “da más” para la reconstrucción. Con una presión de la sociedad civil, que le reclama a los partidos políticos y a las instituciones, su nivel de derroche y abusos del dinero público, ningún

partido se ha querido verse atrás en la propuesta de ceder sus prerrogativas para que sean destinados a fondos y fideicomisos que se encarguen de las labores de reconstrucción de vivienda e infraestructura.

Así, los principales partidos han cedido ate la opinión pública, aparentemente claro está, y han planteado renunciar a las prerrogativas del año electoral 2018, y algunos incluso en una clara actitud oportunista, han propuesto la reducción y eliminación de los diputados y senadores plurinominales.

Sin embargo, el debate este muy corto de la mira de los partidos. Si bien es a todas luces meritoria la actitud de renunciar a las prerrogativas, lo que no han aclarado hasta ahorita es de donde financiaran sus estructuras electorales que ya están operando en la mayoría de los partidos, de donde tendrán los grandes recursos que necesitan para pagar los altísimos precios en asesoría de imágenes de candidatos que hoy se cotizan en la mayoría de las empresas de consultorías, o ¿será también que las empresas que se dedican a realizar encuestas están todas de acuerdo en bajar sus costos?, o bien ¿las televisoras, radiodifusoras y periódicos, tanto impresos como digitales, bajaran el precio que el mercado político tiene hoy fijado para publicidad de partidos y candidatos? Un paquete en los medios locales impresos, por ejemplo en la zona centro del estado de Veracruz, en conocido diario de circulación en Córdoba y Orizaba, en el 2015 cobraba por cintillos de un ¼ de plana, para la última semana de campaña, la cantidad de $20 mil pesos. Será que a nivel nacional, la renuncia de las prerrogativas significará que los grandes empresarios que se han enriquecido con el encarecimiento de la democracia mexicana, ¿también van a renunciar al nicho de oportunidades que las campañas electorales les significan?

Como sea, el debate en torno a la renuncia de las altísimas prerrogativas a los partidos ha llegado para quedarse, y veremos si estos anuncios espectaculares de los dirigentes de los partidos, derivada de la presión social por los efectos del sismo, se mantiene o sólo la recordaremos como meras perlas demagógicas. Porque al final el gran tema que se esconde, es de donde obtendrán sus financiamientos los partidos. Si se piensa que los partidos deben de dejar de depender del dinero público, la concepción de los partidos como entidades públicas pasará a la historia, lo cual es un gran peligro, porque entonces la privatización del espacio de la política, estará siendo una realidad