AÑO 11 VOLUMEN 3785
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PLANA MAYOR

Gaudencio García Rivera

El CESP: de muertito el final

No hay ni habrá rectificación en el camino poroso del primer círculo de la clase política gobernante del último año del sexenio, el más negro y defenestrado del gobierno de la prosperidad. Aquel aciago septiembre negro de 2011, donde apareció un alud de cuerpos ejecutados tirados en los desniveles de Veracruz-Boca del Río, ha sido superado por este vértice de 2016.

Es el epílogo de un gobierno obcecado, digno tristemente de un best seller de la guerra contra el crimen organizado que encajaría en el escritor, periodista y ensayista italiano Roberto Saviano, autor del libro La Camorra, escrito en 2006, o de Julio Scherer García en su obra Historias de muertes y corrupción, impresa en 2011.

La muerte tiene permiso en Veracruz, se arraigó y echó raíces ante la impunidad, complicidad y corrupción de las altas esferas policiales, procuración, administración de la justicia y la miopía casquivana de la cúpula del poder público. No hay castigo a la omisión, complicidad, frivolidad, conflictos de interés, nepotismo, compadrazgo y cuatachismo de la horda privilegiada.

Son soberbios por nacimiento, sofistas porque en sus delirios se comparan con el ideólogo veracruzano y liberal Jesús Reyes Heroles —nada qué ver, por supuesto—, patrimonialistas por avaricia —Luis XIV de Francia se hubiese quedado perplejo— y jacobinos por comodidad. Desde esa óptica han gobernado Veracruz, un Veracruz que se hunde en el fango de la corrupción y abatido por los capos del crimen organizado.

No es exageración ni fantasía que pudiese retratar las novelas de terror de Edgar Allan Poe, o del genocidio de Adolfo Hitler. No. Las células criminales, ramificaciones de los principales cárteles de la droga que operan en Veracruz, atomizadas en algunos casos, conspiran desde las altas esferas para dejar decenas de cadáveres en la mayor parte del territorio veracruzano, ante la incapacidad, ineficiencia y corrupción del poder público.

El gobierno de la prosperidad no ha cambiado ni un milímetro de la política disfuncional anticrimen, a pesar de los graves desafíos que recurrentemente hace la delincuencia organizada a los grandes despliegues de los operativos Veracruz Seguro con la siembra de ejecutados en la capital del estado y en las rutas del Pánuco hasta el Tonalá.

Pero en todo este drama social que vive Veracruz, ¿qué hace el Consejo Estatal de Seguridad Pública? ¿Cuántas veces se reúne al mes con los representantes de las ONG’S para escuchar sus reclamos y le hace patente a los titulares de la SSP y del Poder Ejecutivo, mediante carpetas y gráficas los puntos rojos o focalización del estado?

Hay la percepción pública, mediante documentos y testimonios de las ONG’S que hicieron llegar a este espacio de PLANA MAYOR, de que el titular del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Juan Antonio Nemi Dib, exsecretario de Salud, se la pasa de “muertito” en el ciclo final, en el ocaso sexenal, dictando charlas que no tienen nada que ver con su responsabilidad de trabajo.

Los propios munícipes de diferentes siglas partidistas de la entidad se quejan de que la Sefiplan jinetea el dinero público que les corresponde de las ministraciones del Subsidio para la Seguridad Municipal (Subsemun). Estos prietitos en el arroz no son de hoy, vienen ocurriendo desde 2010 para acá.

El dinero público que otorga el gobierno federal como subsidio para fortalecer la seguridad pública de 21 municipios de Veracruz, “es para la prevención del delito, evaluación de control de confianza de los elementos operativos de las instituciones policiales municipales, su capacitación, recursos destinados a la homologación policial y a la mejora de condiciones laborales de los policías, su equipamiento, la construcción de infraestructura y la conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia”, pontifica el portal del CESP.

Pero si son “jineteados” por el titular de la Sefiplan, Antonio Gómez Pelegrín, como lo hace con otros rubros, entonces surge el dilema para los municipios que están catalogados con focos rojos: ¿Cómo diablos van a inhibir al crimen organizado, a depurar y certificar a los cuadros policiales, si el propio gobierno de la prosperidad regatea los fondos públicos?”.

Quienes pagamos justos por pecadores somos los mandantes, porque sin deberla ni temerla, tenemos que enfrentar la plaga del crimen organizado que ha dejado la siembra de cadáveres en la geografía veracruzana. La muerte tiene permiso, por omisión y corrupción, para hacer su nicho en Veracruz.

El ciclo de la prosperidad termina con el río de ejecutados al estilo de los talibanes de Afganistán, con la diferencia de que acá impera una ley tramoyista, bajo un gobierno cleptocrático, digno de un best  seller. Comentarios a gau41@hotmail.com
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