AÑO 10 VOLUMEN 3474
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POLÍTICA FICCIÓN

Jorge Marín Barragan

Conflicto de interés.

La corrupción es una práctica común en el ejercicio público porque los funcionarios tienen acceso a grandes sumas de dinero proveniente del erario, que a través de los programas y presupuestos ejercen de manera discrecional porque el sistema de rendición de cuentas es opaco, situación que se agrava por las complicidades que se establecen mediante la obtención de favores, la repartición de ganancias ilícitas y sobornos que garantizan la impunidad.

Desde los cargos más modestos del nivel municipal, pasando por los de origen estatal, hasta llegar a los grandes cargos federales, se utilizan estos mecanismos de corrupción y abuso, esto no es nuevo ha sido de siempre, existe favorecimiento hasta en los detalles mínimos. Los viáticos, gastos de representación, compras con costos inflados, obras ficticias,asignación de salarios exorbitantes, gastos personales, viajes y festejos particulareshan sido formas existentes para abusar del erario, sin embargo, estas prácticas fueron insuficientes para satisfacer la ambición de la clase política y a estas se sumaron otras formas más sofisticadas para la obtención de mayores recursos, así surgieron el diezmo y los moches para asignación y gestión de obras y beneficios de los llamados programas sociales.

Las contralorías, los mecanismos de trasparencia  y sus instancias más que ser un dique de contención a esas prácticas han sido utilizados para prevenir sanciones, corregir errores y perfeccionar las tranzas para evadir la ley y sus responsabilidades. El cinismo es tal, que funcionarios de instituciones de fiscalización oficiales ofrecen sus servicios, para mediante módica comisión arreglar los expedientes y concretar auténticos fraudes a la sociedad.

Es necesario ir corrigiendo errores en cuanto a la rendición de cuentas y las responsabilidades de los servidores públicos encargados de la fiscalización, por una parte creo se debe elegir con el voto directo del ciudadano al Procurador de la República, para que este goce de total autonomía frente a los demás poderes y pueda actuar con libertad y apegado a la ley en beneficio de la sociedad, actualmente es nombrado por el Presidente y por tanto debe, por principio de autoridad, obedecerle, lo cual lo somete a su voluntad, por lo tanto la justicia no es tal, sino que se degrada a una instrucción que por más objetiva que esta sea, no deja de emanar de la voluntad de un individuo con intereses propios.

Un Procurador autónomo podría proponer ante el Congreso a un Fiscal Anticorrupción que vigilará el actuar de los servidores públicos y que pudiera determinar las sanciones pertinentes, la verdadera autonomía del Poder Judicial sería benéfico para todos. La degradación ha llegado a excesos barbaros que implican, precisamente, el nacimiento de controles autónomos más estrictos, así como sanciones más rigurosas y ejemplares, para quienes infrinjan la ley y quienes no la hagan cumplir. Medidas que deben instaurarse en los tres niveles de gobierno para su mayor efectividad.

También es importante instaurar la figura de la Revocación del Mandato, para que todos quienes sean electos por el voto directo puedan también ser removidos cuando fallen, además de que debe instituirse el delito de la corresponsabilidad de los funcionarios que revisen y aprueben las cuentas de los gobiernos y dependencias, como es el caso de regidores cuando aprueban estados financieros en sus municipios, legisladores locales que aprueban las cuentas públicas de los gobiernos estatales y,los diputados federales que aprueban los informes de gobierno y sus resultados, para que de esta forma con toda seriedad y responsabilidad revisen como es su deber el origen, el uso y destino del dinero de todos porque de lo contrario se estarían arriesgando a ser sancionados, por ignorantes o cómplices.

Esta sería una buena forma de vigilar el gasto público y los conflictos de intereses que pudieran presentarse, ningún peso debe mal gastarse ni nadie debe de sacar provecho de un cargo público.Toda relación sospechosa debe estar bajo el escrutinio fiscalizador, todo convenio que implique dinero público a cambio de buenas notas o comentarios adversos a los opositores del gobierno que los suscriba, es también un conflicto de interés que debe vigilarse. 

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