AÑO 9 VOLUMEN 3368
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PLANA MAYOR

Gaudencio García Rivera

  • ¿ Michoacanizar a Veracruz?

A pesar del preludio de la clase política gobernante por echar campanas al vuelo y por celebrar con júbilo que los índices delictivos de alto impacto social han ido a la baja, no se puede aún adelantar juicios porque el Estado mexicano no ha cumplido con la totalidad de los programas para restablecer en una gran parte de los  estados del país el orden constitucional. El estado de derecho es todavía poroso.

¿Por qué cantar victoria si el presidente de la República en turno y los gobernadores dejaron de gobernar para cogobernar con el crimen organizado? Qué hay que festejar si la clase política se entregó a los brazos de los cárteles  de la droga sin ningún pudor. Restituir el estado de derecho y el orden  no solo  es su obligación, sino es un deber elemental consagrado en la Carta Magna.

No se puede caer en triunfalismos o espejismos si la clase política gobernante no hace la tarea que le fue asignada en las urnas. El minado tejido social  no se puede reconstruir de la noche a la mañana o por arte de los ilusionistas, como lo fueron los priistas Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, o los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, parodiando al escapista húngaro Harry Haudini.  

Veracruz, un estado de marcadas contradicciones históricas que se reflejan como en la era de Juan Rulfo con sus obras clásicas de El Llano en llamas o Pedro Paramo, o de Bruno Traven con La rebelión de los colgados, ha caminado por el filo de la navaja, a  veces empujado o presionado para intentar convertirse en un michoacanazo.

El estado vive de alguna manera -hay signos y hechos que son el reflejo de la ineficacia, de la corrupción, del paternalismo y de la complacencia de las altas esferas gubernamentales-, un síndrome, el síndrome del Sísifo. Da dos pasos para adelante y uno para atrás. Un retroceso social que a estas alturas no se pueden permitir, por más justificaciones baladís que dan o den, pero si se deben castigar en forma ejemplar. Castigos o sanciones, por cierto, que han estado ausentes del gobierno duartista.

A los ineficientes y a quienes han sido señalados por dedo flamígero, han sido recompensados,  ascendidos a secretarios de Despacho, o como Subsecretarios de Gobierno o procuradores generales de Justicia. Los filtros de la moral pública son letra muerta, se los pasan por el arco del triunfo. Un ejemplo a flor de piel es la titular de Espacios Educativos de la Secretaría de Educación de Veracruz, la panista Xóchilt Tress.

No ha sido extraño que en los recientes cuatro meses del 2014 Veracruz camine por el tobogán del secuestro,  extorsión y muerte. Se ha dicho en el discurso oficial que la geografía veracruzana dejó de ser uno de  los primeros estados donde han bajado gradualmente los índices delictivos de alto impacto social. Pero no es así. Los datos, las estadísticas están distorsionadas por los escribanos oficiales.

Los caminos sinuosos de Veracruz amenazan con erigirse en un michoacanazo. A pesar del estridente blindaje que han publicitado las altas esferas de la clase política en el poder de la entidad, de norte, sur, oeste y este, el secuestro y la extorsión están a la orden del día en cualquier punto geométrico de Veracruz.

Minimizar estos lunares que están golpeando a la sociedad civil y a los ciudadanos de a pie, sería un irresponsabilidad de quienes tienen el báculo para garantizar la seguridad, bienes y la integridad física de los veracruzanos. De ellos depende que Veracruz no se michoacanice o caigamos en el controvertido Estado fallido.

Atomizados o no el crimen organizado y los cárteles de la droga en los últimos meses del 2014 han estado calentando la plaza Veracruz; desde el Pánuco hasta el Tonalá, la larga lista de ilícitos es interminable, la PGJ, de Luis Ángel Bravo, y de la SSP, de Arturo Bermúdez Zurita, de alguna manera se han visto rebasados por la delincuencia organizada.

La nueva estrategia de la SSP y de las fuerzas castrenses no ha podido descabezar a las pequeñas bandas o grupos de sicarios que se han desligado de  los cárteles de la droga, a pesar de que ahora cuentan con una nueva herramienta de tecnología de punta como es la geolocalización para inhibirlos o llevarlos ante la justicia.

El estado debe imponer el orden y la ley en cualquier punto de Veracruz, donde los transgresores intenten coartar las libertades productivas de los ciudadanos, imponer tributos que sólo le corresponden a los tres niveles del gobierno o el sometimiento de ‘cooperas o plomo’.

Las altas esferas gubernamentales no pueden dejar quede en la absoluta impunidad la larga lista de delitos que ha cometido el crimen organizado en diferentes puntos de la entidad, porque sería sinónimo de corrupción e incumplimiento de un deber legal y,  lo peor, estarían cargando con crímenes de conciencia que serían un lunar para el  sexenio  duartista.

Los crímenes del alcalde a suplente de Pánuco, Teódulo Gea Domínguez, del tesorero del municipio de Coatepec, Guillermo Pozos Rivera  -donde el alcalde priista Roberto Pérez Moreno tiene mucho qué explicar al fiscal-, de los nuevos hallazgos de las fosas clandestinas ubicadas en Tlacolulan, al norte de la entidad, y en Agua Dulce, podrían ser si no son esclarecidos por la autoridad como el detonante en puerta de un michoacanazo en Veracruz.

El  suelo veracruzano, no puede quedar a merced del crimen organizado como ocurre en Michoacán, Tamaulipas, Zacatecas, Guerrero o Chihuahua, porque se estaría cayendo en un Estado fallido, donde no hay gobernabilidad, al cual deploran las fuerzas castrenses y de inteligencia.

El amplio expediente de crímenes, secuestros y robos, no puede quedarse sólo en la numeralia o en la suspicacia. Es un desafío que hasta ahora no ha podido resolver el impoluto titular de la PGJ, Luis Ángel Bravo Contreras. (texto publicado en la edición del periódico 12 Horas de Veracruz del 16 al 31 de agosto de 2014)  Comentarios a gaugar@gmail.com


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