AÑO 11 VOLUMEN 3916

 

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Hora Cero

Magistrados, la cuestionada independencia

Luis Alberto Romero

Guadalupe Porras, el rechazo y las denuncias

Nombramientos, una historia recurrente

¿Realmente tienen méritos y trayectoria Francisco Portilla, Guadalupe Porras y Alberto Tomassini para ser nombrados magistrados de la Sala Especializada en Materia Anticorrupción? Hay dudas al respecto; sin embargo, al margen del tema de la capacidad, el currículum y la experiencia de quienes integran dicha tercia, es claro que esas posiciones deben quedar fuera de toda duda; el problema aquí radica en que existen fundadas sospechas sobre la actuación y las relaciones de Portilla, Porras y Tomassini con el gobernador saliente.

Las críticas, en ese sentido, no se enfocan a la capacidad de los tres, sino a sus relaciones y a las suspicacias, por decir lo menos, en el sentido de la actuación que se espera de ellos.

Paco Portilla, por ejemplo, es el que tiene la mejor trayectoria y perfil de los tres; acumula diversos cargos en el poder judicial: juez mixto municipal, secretario de juzgado, agente del Ministerio Público en Pánuco, Papantla, Xalapa, San Andrés Tuxtla, Minatitlán, Córdoba y Veracruz; fue procurador de justicia y magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Hasta ahí, todo bien; después fue alcalde de Córdoba, durante el gobierno de Fidel Herrera; diputado local y subsecretario de gobierno, también en el sexenio anterior.

Más recientemente, ya durante la administración de Javier Duarte, Portilla Bonilla fue secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública y secretario general de la Legislatura del Estado; esos últimos cargos han puesto en entredicho su nivel de independencia con relación al actual gobierno del estado. Debido a ello, ha sido blanco de las críticas de panistas y perredistas.

Los otros dos casos son diferentes, porque ni Porras David, ni Tomassini Martínez tienen experiencia importante en el poder judicial.

Guadalupe Porras, el rechazo y las denuncias

Guadalupe Porras David fue alcaldesa de Minatitlán y de ese cargo salió con más críticas y acusaciones, incluso denuncias, que reconocimientos. Decir que pasó por ese ayuntamiento con más pena que gloria es hacerle un favor; concluyó su periodo enfrentada con los actores políticos locales y sus problemas todavía continúan. Basta recordar que fue denunciada por los presuntos delitos de abuso de autoridad y desvío de recursos (FESP/ 245/2014/Mesa IV).

Se le acusó, por ejemplo, por el desvío de recursos que fueron canalizados por Banobras para la construcción del puente Capoacán. Es tanta la oposición y el rechazo que genera la ex diputada local y ex presidenta de la CNOP, que este jueves se pronunciaron en contra tanto el alcalde Héctor Damián Cheng Barragán, como los integrantes de ese cabildo, quienes mediante un desplegado señalaron que Porras David carece de calidad moral y jurídica para ser magistrada.

La otra propuesta, que recae en Alberto Tomassini Martínez, resulta igual de desafortunada, no por la capacidad, sino por el evidente compromiso del funcionario con el gobernador del estado y su cuestionada independencia; fue consejero jurídico y de derechos ciudadanos de la Oficina del Gobernador y secretario particular de Javier Duarte. Antes se desempeñó como subprocurador de Legislación y Consulta de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Así las cosas, con la terna integrada por Porras, Portilla y Tomassini, la independencia de criterio que debe prevalecer en la Sala Especializada en Materia Anticorrupción no está garantizada; a ello se debe el rechazo de amplios sectores de la opinión pública, que observan en dichos nombramientos el riesgo o más bien la certeza de que en esa instancia prevalezca la impunidad.

Nombramientos de magistrados, historia recurrente

El tema de los nombramientos de magistrados en la última etapa de las administraciones estatales, como una herencia de los gobernadores que están a punto de salir del cargo, no es nuevo. El problema del presente caso, sin embargo, no sólo pasa por la posición en el poder judicial, sino por el intento de blindaje.

Recordamos que en agosto de 2010, en los últimos meses del gobierno que encabezó Fidel Herrera Beltrán, la Legislatura estatal aprobó los nombramientos de Gladys Pérez Maldonado, Edel Álvarez Peña, Fernando Charleston Salinas y Víctor Manuel César Rincón como magistrados del Poder Judicial.

Muy fuertes críticas recibieron entonces los diputados que aprobaron esos nombramientos, mismos que no solo fueron descalificados por asociaciones de abogados y por los propios magistrados en funciones, sino que también provocaron recursos de inconformidad y amparos de quienes fueron jubilados obligatoriamente, Haydé González Rebolledo, Antonio López Villalba y Ricardo Rodolfo Murga Contreras.

Pues bien, las críticas contra esos nombramientos se basaban en la falta de capacidad y experiencia de algunos de los nuevos magistrados.

Retomamos entonces las declaraciones de la magistrada, Yolanda Castañeda Palmeros, quien apuntaba que en Veracruz ya cualquiera podía ser magistrado en el poder judicial. No es un asunto menor, sobre todo porque la aplicación de la ley no debe quedar en manos de personas que no cuentan con capacidad, trayectoria e independencia, ni con el paso previo por juzgados y cargos menores dentro de la misma instancia de impartición de justicia. @luisromero85

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