AÑO 17 VOLUMEN 4386

 

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Reiteran Vinculación a Proceso a Arturo Bermúdez

Los Editores.com

Un juez de control reiteró la procedencia del auto de vinculación a proceso contra Arturo Bermúdez Zurita y Roberto Esquivel Hernández por abuso de autoridad y tráfico de influencias, al haber autorizado el contrato SSP/UA/016/2016 para el suministro de víveres, desechables y alimentos a favor del amigo del ex servidor público.

 

Luego que la justicia federal concediera un amparo a Bermúdez y su socio para echar abajo la resolución del auto, decretada en audiencia del 17 de noviembre de 2016, y ordenara su reposición, este martes tuvo lugar la audiencia en la que se volvió a dictar la vinculación a proceso.

El juez Luis Roberto Juárez López explicó que si bien fue el subcomité de adquisiciones de la Secretaría de Seguridad Pública la que autorizó el otorgamiento del contrato a la empresa “Guardias Empresariales en Seguridad Privada S.A de C.V”, propiedad de Roberto Esquivel Hernández y Carolina Bermúdez Zurita, el ex titular sabía que estaba incumpliendo la ley.

Además, advirtió que según consta en el Registro Público de la Propiedad, Bermúdez, sus familiares y Esquivel Hernández son socios en diversas empresas desde el 2011.

Aunque en la reposición, resuelta en el toca de queja 204/2017, se solicita a la Fiscalía que en su solicitud de vinculación no presente como dato de prueba la relación con la empresa beneficiada, dejó intocado el informe con el que se avala que existen otras empresas en las que Bermúdez, sus padres, hermanos, e incluso su esposa, son socios de Roberto Esquivel.

Señaló que si bien Bermúdez Zurita no firmó dicho contrato entre la SSP y su socio, se considera que está justificada la acusación de abuso de autoridad, pues de manera indebida autorizó el contrato celebrado el 29 de febrero de 2016.

Por cuanto hace al delito de tráfico de influencias, sostuvo que tanto Bermúdez como Alejandro Contreras Uscanga colaborador suyo en el área administrativa y procesado en la misma carpeta, acordaron firmar el contrato con la empresa en cuestión, sin haber puesto de conocimiento al subcomité de adquisiciones que era una empresa donde Arturo Bermúdez participaba por lo que se aprovecharon de sus cargos para conceder el contrato.

Con ello, dijo, queda justificado el beneficio a terceros, en este caso, Roberto Esquivel Hernández, socio y amigo del ex servidor público, que si bien no cobró la totalidad del monto por el que se erigió el contrato -91 millones de pesos-, este fue celebrado de manera onerosa e incluso interpuso denuncias contra la SSP para que las mil 988 facturas que reclama, sean pagadas.

Es decir, la dependencia quedó a deber 15 millones de pesos, mismos que su amigo reclamó y de ser pagadas, representarían un agravio a la hacienda estatal.

El juez destacó el dolo con el que actuaron los vinculados, pues existe un elemento de prueba consistente en un oficio en el que Alejandro Contreras solicitó al tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), que eliminara de la lista de proveedores a la empresa de Esquivel Hernández,  posterior a la denuncia presentada por Miguel Ángel Yunes Linares el 20 de julio de 2016 por dichos delitos, para tratar de eliminar la evidencia.

Juárez López consideró que aunque la defensa de Bermúdez trató de desvincular la relación de parentesco y amistad entre los socios de las diversas empresas, es lógico que existe participación de los hermanos del ex secretario, lo que hasta el momento procesal no necesita confirmarse mediante actas de nacimiento, como reclamó la defensa.

Asimismo, insistió que debido a que los parientes de Bermúdez eran socios con Esquivel y él mismo lo era en algunas empresas, es imposible que no lo conociera, resaltando "la relación de negocios" que ambos tenían.

Además, que debido a la participación de sus familiares en las empresas implicadas, "es claro el beneficio a su hermano" en el otorgamiento del contrato en cuestión.

"No hay duda razonable en favor de los imputados", señaló el juez ante la evidente molestia de Bermúdez y sus familiares presentes en la sala.

El juez concedió un plazo de dos meses para la investigación complementaria que deberá llevar a cabo el ministerio público, tiempo en el que, de acuerdo con la fiscalía, se solicitarán informes a Sefiplan respecto de los pagos a la empresa beneficiada, se indagará cuántas empresas más tiene Bermúdez y que pudieron obtener contratos, así como la solicitud de informes a registros públicos de otras entidades para conocer participación en otras firmas.

También solicitará informes respecto del estado que guarda la denuncia interpuesta por Esquivel contra la SSP para reclamar sus pagos, misma que obra en el expediente 1333/2016-7 del Juzgado Segundo de Primera Instancia.

El tiempo concedido fue el solicitado por la defensa, pues aunque la parte acusadora pidió seis meses, la defensa señaló que el proceso ya lleva más de un año y ya obran en poder de la fiscalía datos de prueba que pueden ser llevados a audiencia intermedia y a juicio para dictar sentencia al vinculado.