AÑO 11 VOLUMEN 3971
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PLANA MAYOR

Gaudencio García Rivera

  • Canónigos a juicio

“Reddite ergo quae sunt  Caesaris, Caesari et quae sunt Dei Deo”. Dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.

No se trata de enjuiciar en el imaginario colectivo o lanzar anatemas patológicas en contra de la intervención aviesa de la cúpula clerical en Veracruz en la reciente justa electoral local. No. Lo que se trata es que se vaya de la embelesadora retórica de la autoridad a los hechos. A la praxis, pues.

El Estado laico no lo puede romper cualquier hijo o dignatarios distinguidos de la diversidad de religiones que se practican en Veracruz, por la férula que tenga con el primer círculo de la clase gobernante en turno.

Ha sido el Tribunal Electoral local en su sesión del sábado 27 de agosto, quien emitió una resolución al Organismo Público Local Electoral (OPLE) para que llame a cuentas a un grupo de 10 clérigos de la religión mayoritaria católica y una minoritaria por haber manchado desde el púlpito el proceso electoral del 5 de junio.

¿Cómo y por qué? Fácil, se les hizo muy a la ligera al alto clero de la Arquidiócesis de Xalapa, que agrupa a 8 diócesis del estado, encender y caldear las pasiones con su discurso pastoral subliminal a la grey católica y a los políticos para que respaldaran la propuesta oficial del gobernador Duarte a la Legislatura local y en las urnas, la protección de “la vida desde la concepción” hasta la muerte del ser humano.

Sin eufemismos, la mayoría del PRI, sus satélites y la derecha moralina del PAN, la LXIII Legislatura del Estado aprobó por mayoría de votos la polémica Ley Antiaborto que criminaliza a las mujeres por interrumpir el embarazo sin tomar en cuenta el status social, número de miembros de una familia, el cuadro mental o simplemente porque no lo desea. Es su cuerpo y ella (s) debe decidir.

En aras de la coyuntura política el gobierno duartista —el Duartegate que navega en el ojo del huracán—, asumió oídos sordos y una miopía singular ante la arengas y presiones públicas que realizó semanas antes del 28 de julio la cúpula clerical, para descalificar a los diputados locales que aprobarán la Ley Proaborto. A exprofeso dinamitaron la jurisprudencia  bajo un disfraz draconiano.

La controvertida reforma al artículo 4º de la Constitución Política local que dio vida a la Ley del Derecho a la vida del ser humana, remitida por el gobernador Duarte sería aprobada por 34 votos en su segunda etapa el 28 de julio por las sumisas y lacayunas bancadas del PRI y de la oposición de la derecha. Antes se había dado luz verde en su primera etapa el 21 de enero.

Pero ni Duarte ni los legisladores priistas que lidera el bicéfalo Juan Nicolás Callejas Arroyo, hicieron valer el gobierno laico —el Estado laico que establece la separación del poder político y espiritual—, porque la jerarquía eclesiástica que encabeza monseñor Hipólito Reyes Larios se pasó por el arco del triunfo las leyes locales y federales y el Código de Derecho Canónico. 

El clero se salió con la suya con un gobernador pasivo, complaciente y confesional, que de alguna manera hay la percepción de que en el intríngulis eclesiástico negoció como letra de cambio indulgencias para él y su familia en la recta final de su gobierno disfuncional. Jamás un gobernador en el Veracruz contemporáneo se había doblegado a los caprichos de la religión católica en la entidad.

A finales de agosto más de la mitad de los 212 municipios bajo recomendaciones subliminales aprobarían la Ley que protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural, so pena de imponer medidas draconianas con los dineros públicos o ser exhibidos por sus actos de prevarición y desvíos pecuniarios.

Por fortuna, en este epílogo, hay pruebas suficientes y documentales del PRI y Morena que motivaron que el Tribunal Electoral local dictaminara que a la brevedad posible el árbitro electoral, el OPLE, llame a cuentas al anodino arzobispo Hipólito Reyes Larios, el arzobispo emérito Sergio Obeso Rivera, el vocero Juan Manuel Suazo y los obispos de las 8 diócesis, por haber violado el Estado laico.

El OPLE tendrá que actuar con toda claridad que establecen los artículos 130º de la Carta Magna y los reglamentarios 29, 30,31 y 32 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, con el apoyo de los hermenéuticos para que las subjetividades no impidan que la Secretaría de Gobernación —una de las garantes de la laicidad del Estado— sancione a la desafiante y radical cúpula clerical por sus excesos. No debe haber cortinas de humo o murallas que eviten el castigo ejemplar.

Paradoja o coyuntura que en el Duartegate se hayan infiltrado los hombres de la sotana y el báculo hasta las venas del disfuncional régimen estatal, nombrando a sus emisarios jefes de prensa  temporales.

No entendieron el mensaje del profeta: “Dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”.

AL CALCE… Ambigüedad. ¿Quién entiende a Javier Duarte o al titular de la Sefiplan, Antonio Gómez Pelegrín con la deuda a proveedores? Ahora resulta que no les alcanza el dinero público para pagar a sus acreedores. Van derechito al banquillo de los acusados.
Comentarios a gau41@hotmail.com
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