AÑO 11 VOLUMEN 3814

 

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Blindaje electoral

Luis Alberto Romero

La tentación del uso político de los programas sociales

Coscomatepec, del DIF a la candidatura

El pasado miércoles, la Secretaría de Desarrollo Social dio a conocer los detalles del Programa de Blindaje Electoral en las entidades que tienen procesos locales este año, Veracruz entre ellas.

La Sedesol dio a conocer las acciones que deben implementar los funcionarios involucrados en la operación de programas sociales, a fin de prevenir que los recursos públicos se utilicen para influir en el voto.

Básicamente, los Lineamientos Generales del Programa de Blindaje Electoral giran en torno a tres ejes: prevenir el uso de los recursos y programas sociales con fines electorales; suspender la propaganda electoral, en los términos que establece la ley; y evitar que se incurra en la violación a las normas penales, administrativas y electorales.

El documento, que fue turnado a todas las áreas de la Sedesol, ordena la creación de un Comité Central de Legalidad y Transparencia del Blindaje Electoral, así como la instalación de un grupo de enlace con las delegaciones federales en las entidades sujetas a elección. De igual manera, establece que en el periodo de las campañas deben suspenderse las reuniones masivas con los beneficiarios de los programas sociales, “salvo las que impliquen una entrega de apoyos previamente calendarizada”.

La Sedesol enfatiza a sus funcionarios las acciones relacionadas con delitos electorales: coaccionar o amenazar a los subordinados para que participen en eventos proselitistas; condicionar la prestación de un servicio o programa; destinar apoyos ilegales al uso electoral; apoyar en horario laboral a un contendiente político; pedir a los burócratas y trabajadores apoyo económico para algún candidato o partido; entre otras.

En Veracruz, tanto la delegación federal de la Sedesol, a cargo de Anilú Ingram Vallines, como la Secretaría del ramo en el gobierno del estado, a cuyo frente se encuentra Alfredo Ferrari Saavedra, implementaron el correspondiente blindaje estatal; en ese marco, la delegada del gobierno federal destacó que el objetivo es evitar la presión de los beneficiarios de los programas, a fin de que ejerzan en liberad sus derechos políticos durante el proceso.

El evento fue encabezado por el comisionado para la Transparencia de la Sedesol federal, Emilio Suárez Licona; y por el titular del Órgano de Control, Paulo Arturo Téllez Yurén.

Por supuesto, por sus antecedentes, se prevé que tanto Ferrari Saavedra como Ingram Vallines sean muy vigilados por los partidos opositores al PRI; el primero fue presidente del Comité Directivo Estatal del tricolor, mientras que la segunda fue diputada local priista y candidata a la diputación federal por el mismo partido. Por ello es predecible que su desempeño sea blanco de las miradas suspicaces de quienes observan un riesgo en el uso de los programas asistenciales.

Veracruz tiene un impresionante padrón de beneficiarios de programas sociales: más de 25 mil habitantes reciben apoyo de Comedores Comunitarios; 45 mil, de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras; 307 mil, de Liconsa; 5 mil, de Empleo Temporal; 25 mil, de Seguro de Vida para Jefas de Familia; 57 mil, del Programa de Apoyo Alimentario; dos millones 705 mil, de Prospera; 483 mil, de Pensión para Adultos Mayores; y 2 mil 800, de Atención a Jornaleros Agrícolas, entre otros.

La tentación del uso político de los programas sociales

Por ello, el control de los padrones de beneficiarios de programas sociales resulta apetecible para partidos y candidatos; recordamos el caso registrado en 2013, cuando el PAN denunció y presentó grabaciones que implicaban a funcionarios del sector con el lucro político de las acciones de la Sedesol, lo que puso en riesgo el acuerdo que mantenía entonces el gobierno federal con todas las fuerzas políticas, el llamado “Pacto por México”, una de las prioridades del presidente Enrique Peña Nieto al iniciar el sexenio.

Por esos hechos, en abril del citado año, el blanquiazul presentó una denuncia contra el gobernador Javier Duarte y la titular de la dependencia del gobierno federal, Rosario Robles Berlanga; al final, el tema costó el cargo a quienes se desempeñaban como titulares de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal, Salvador Manzur Díaz; y de la delegación estatal de la Sedesol, Ranulfo Márquez Hernández.

Lo deseable, en todo caso, es que las irregularidades y el uso abusivo de los programas sociales no se repitan en este proceso electoral; es decir, que los partidos y sus candidatos no caigan en la tentación de obtener una ventaja política al margen de la ley.

 

 

Coscomatepec, del DIF a la candidatura

Desde Coscomatepec, municipio ubicado en la región de las Altas Montañas y que tiene la categoría de Pueblo Mágico, nos informan que la hoy ex presidenta del DIF municipal, Amparo Sánchez Caramón, buscará la candidatura del Partido Revolucionario Institucional a la diputación local por el distrito de Huatusco.

Doña Amparo Sánchez tiene una buena presencia en esa zona; ha ocupado dos veces la presidencia del DIF es Coscomatepec; la primera, con su esposo, el extinto alcalde Manuel Álvarez; y hasta hace dos días, con su hijo, Manuel Álvarez Sánchez.

Así las cosas, es altamente probable que a Sánchez Caramón se le vea haciendo campaña en los municipios del distrito 18: Alpatláhuac, Calcahualco, Comapa, Coscomatepec, Chocamán, Ixhuatlán del Café, Sochiapa, Tenampa, Tepatlaxco, Tlacotepec, Tomatlán, Totutla, Zentla y la cabecera, Huatusco. @luisromero85

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