AÑO 10 VOLUMEN 3605

 

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AL PIE DE LA LETRA

Raymundo Jiménez

* ‘CHAPO’ GUZMÁN: PODER CORRUPTOR

La nueva fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán demuestra el gran poder corruptor que aún ejerce el líder del cártel de Sinaloa, quien en los dos sexenios presidenciales del PAN, el de Vicente Fox y Felipe Calderón, también recibió facilidades para escapar en enero de 2001 y seguir operando impunemente hasta febrero de 2014 el trasiego de droga por el país.

En abril de 2009, por ejemplo, el arzobispo de la Arquidiócesis de Durango, monseñor Héctor González Martínez, declaró que “más adelante de Guanacevi (entre los límites de Durango y Chihuahua), por ahí vive ‘El Chapo’, todos lo sabemos, menos la autoridad”. Tres años antes, en febrero de 2006, José Antonio Ortega Sánchez, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública de la Coparmex, acusaba que “es evidente que hay una protección (a Guzmán Loera)... Pareciera que es el narcotraficante protegido por las autoridades que tienen la obligación de detenerlo. Da la impresión de que la lucha contra las drogas sólo se carga a una organización y no a todas... A ‘El Chapo’ no le pegan ni con el pétalo de una amapola”. El 19 de enero de 2001 el líder del Cártel de Sinaloa escapó mágicamente del CEFERESO de Puente Grande con la presunta colaboración de sus ujieres en la Secretaría de Seguridad Pública federal, específicamente en la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana que encabezaba el veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares en la administración del presidente Fox. Y es que existen versiones de que un trimestre antes de la fuga del “Chapo” Guzmán, las autoridades federales fueron advertidas sobre el plan que preparaba el narcotraficante; sin embargo no se tomó ningún tipo de previsión. El 22 de octubre del 2000, un interno del penal llamó a la Dirección de Prevención y Readaptación Social para denunciar el plan de fuga de Guzmán, Héctor “El Güero” Palma, y Arturo Martínez, “El Texas”; el telefonema, según la UEDO, fue recibido por una funcionaria de ese lugar, de nombre Sandra Ortega Rivas, a quien en el siguiente sexenio Yunes Linares designó titular de la delegación regional norte del ISSSTE en el Distrito Federal. El asunto se archivó. Jorge Tello Peón, en ese momento titular del CISEN, y Enrique Pérez Rodríguez, actual secretario de Ayuntamiento de Boca del Río que preside el primogénito de Yunes y a la sazón director de Prevención y Readaptación Social, conocían el caos que

prevalecía en ese CEFERESO. Según versiones periodísticas, Pérez Rodríguez, secretario particular de Yunes en la Secretaría de Gobierno del estado (1992-1997) y delegado del ISSSTE en Veracruz en 2009, permitió personalmente irregularidades y se opuso a la reubicación de Joaquín Guzmán. En esa ocasión, Enrique Pérez fue acusado directamente por el entonces subdirector de Seguridad y Custodia del penal, Antonio Aguilar Garzón, versión que cuadra con las ofrecidas por otros custodios. La fuga de “El Chapo” Guzmán se realizó cuando el director del penal era Leonardo Beltrán Santana (sentenciado a 18 años de cárcel), amigo también de Yunes. Asimismo, cuando se dio el intento de fuga de “El Güero” Palma, de ese penal en diciembre de 2002, el director del mismo era Alfredo Lara Guerrero, otro cercano al diputado electo del PAN. En la página 33 de su libro “Máxima seguridad: Almoloya y Puente Grande”, Julio Scherer García, fundador de la revista “Proceso”, cita la entrevista que tuvo con Evaristo Nucamendi Barradas, quien señaló directamente a Enrique Pérez como el artífice de la fuga de Guzmán: “Un día vino Pérez Rodríguez (a Puente Grande) y la fuga fue al día siguiente. “Yo no estuve presente, dicen que llegó y le dijo (a Joaquín Guzmán): ‘prepara a dos de tus gentes porque te voy a mandar al COC (Conductas Especiales). Hay demasiada presión y ya no te puedo tener aquí. Agarra a dos gentes para que te acompañen’ ”. Otro de los implicados y sentenciados por la fuga de “El Chapo” es Luis Francisco Fernández Ruiz, (a) “El Celaya”, en ese momento comandante de custodios en el CEFERESO de Puente Grande, vinculado en su momento también con el empresario xalapeño de giros negros Augusto Lagunes Rosado, (a) “El Camachín”, y gente cercana del equipo de Yunes Linares. A Fernández Ruiz se le acusó de ser el principal protector del narco sinaloense. Según archivos hemerográficos, esta persona habría recibido 10 mil dólares mensuales de cada uno de los tres capos (“El Chapo”, “El Güero” y “El Texas”). Sobre la fuga anterior de Guzmán Loera una versión apuntaba que habría sido concertada con el equipo de Yunes Linares a través de Albino Quintero, amigo y operador del “Chapo” a quien el ex priista habría conocido desde 1992. En 2004, la revista “Proceso” estableció el presunto nexo de Yunes con Quintero Meraz basado en declaraciones de testigos protegidos y documentos de la Drug Enforcement Administration (DEA). Según versiones periodísticas, entre 1995 y 1996 el funcionario chirinista habría recibido hasta 15 millones de dólares del narcotraficante como pago por “protección”.

Como secretario de Gobierno, Yunes habría permitido a lo largo del sexenio del gobernador

Patricio Chirinos, entre diciembre de 1992 y a mediados de 1997, el establecimiento de un corredor para el trasiego aéreo y terrestre de toneladas de cocaína, según el informe confidencial del extinto comandante de la AFI, Juan Carlos Ventura Moussong –asesinado en julio de 2002, dos meses después de la detención de Quintero–, dirigido a la Coordinación General de la UEDO-PGR, fechado el 26 de octubre de 2001, en el cual se detalla: “A finales de 1995 Albino Quintero Meraz arregló su arribo y operación en Veracruz con el Licenciado Miguel Ángel Yunes Linares mediante la entrega de 10 millones de dólares...”. Esta relación habría quedado inmortalizada incluso en un corrido de “Los Tucanes” de Tijuana, donde se alude cómo Quintero compró la plaza en esta cantidad. Posteriormente, Joaquín Legarreta, Asistente y Agente Especial de la DEA, en noviembre de 2001 dirigió una misiva al comandante Ventura para advertirle: “Existe una gran preocupación en la oficina de la DEA en la Ciudad de México, en virtud de que la organización de narcotraficantes que encabeza Albino Quintero continúa permeando las esferas de gobierno... las investigaciones que en forma conjunta realizamos obligan a iniciar un proceso con orden de arresto en contra del individuo Miguel Ángel Yunes Linares (dadas) sus constantes reuniones con fines delictivos con los Barones de la droga: su paso por el gobierno de Veracruz y actualmente en el Gobierno Federal lo ubica con un potencial que debe ser de inmediato frenado”. En la averiguación previa 1226/MPFEADS/98 se citan las declaraciones del ex chofer de Albino Quintero y testigo protegido, Gildardo Muñoz Hernández. Esta persona aseguró que Yunes Linares asistía a los cónclaves de su jefe con el entonces gobernador de Quintana Roo, Mario “El Chueco” Villanueva Madrid, en el yate “Ashley” en Cancún. De igual forma, el también testigo protegido Carlos Alberto Treviño Escobar (cuya clave de testigo es “Sergio”) señaló que entre “los funcionarios que protegen a Albino están el que era gobernador, Patricio Chirinos; el que era Secretario de Gobierno, Miguel Ángel Yunes. A éstos se les entregó por la plaza 15 millones de dólares”.

Treviño Escobar agregó que Quintero recibió ayuda de Yunes Linares cuando fue denunciado por la compra sospechosa de una residencia en el fraccionamiento Costa de Oro, de Boca del Río, muy cercana a la del sucesor de Chirinos, Miguel Alemán Velasco. Según versión del testigo protegido, la denuncia no prosperó debido a la presunta intervención de Yunes, quien ahora, dentro de 49 días, llegará como diputado al Congreso de la Unión y luego, en 2016, buscará ser candidato del PAN por segunda ocasión a la gubernatura de Veracruz, una posibilidad que genera serias interrogantes, como por ejemplo, quién financiará su millonaria campaña para una administración de sólo dos años.

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