AÑO 10 VOLUMEN 3530
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PLANA MAYOR

Gaudencio García Rivera

  • ¿Vacíos de la nueva Ley de Tránsito?


Con la homologación de las leyes del Congreso de la Unión para cerrarle el paso al crimen organizado, por cualquier resquicio jurídico que haya, los orondos diputados de la mayoría priista de la LXIII Legislatura local que llevan el báculo del poder, no se han caracterizado o distinguido por su sabiduría o por su atingencia para aprobar leyes o decretos que beneficien a la sociedad.
Como tienen la sartén por el mango en la Junta de Coordinación Política de la Legislatura local —los mandones, pues—, se han extralimitado tanto en su aviesa sumisión, entreguismo y tutoría con el Poder Ejecutivo local, que han sufrido los peores reveses legislativos en el gobierno duartista.

Esto ha quedado confirmado con la nueva Ley del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), que fue revocada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual pretendía vulnerar los derechos de los 125 mil trabajadores activos y jubilados. Un clásico bofetón que no hay  vuelta de hoja. La decisión es inapelable.

Los legisladores priistas encabezados por sempiterno líder del Grupo Político de la Sección 32 del SNTE y líder de la mayoría priista de la LXIII Legislatura local —la ambivalencia soslayada y el dobleteo de cobros de salarios tolerado—, Juan Nicolás Callejas Arroyo, que habían celebrado con bombo y platillo la milagrosa y vanguardista nueva Ley del IPE, no les quedó más remedio que tragar sapos e ignorar los festivos diez de mayo que les lanzaron.

Ahora el diputado priista y presidente de la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad de Legislatura local, Adolfo Jesús Ramírez Arana, sale con la genialidad que la nueva Ley de Tránsito y Vialidad, aprobada recientemente, tardará seis meses para elaborar el reglamento correspondiente por parte de la Secretaría de Seguridad Pública.

¿Qué no hay consultorías jurídicas suficientes en el Estado para hacerlo? ¿Qué capacidad intelectual tiene el titular del Departamento Jurídico de la SSP? ¿Acaso no han tomado en cuenta la experiencia, talento y visión del nuevo director de Tránsito, Edmundo Martínez Zaleta? ¿Por qué el orondo diputado Adolfo de Jesús Ramírez suplanta funciones como vocero de la SSP?
Lo dicho, su dicho del modosito legislador, parece una broma de mal gusto, una especie o versión para Sir Arturo Bermúdez Zurita, “no me ayudes compadre”. El nuevo reglamento de Tránsito y Vialidad deberá estar pulido y puesto en marcha a la brevedad posible, porque el crimen organizado no espera y por ello, el gobierno duartista destina recursos millonarios para blindar a la ciudadanía de los grupos criminales.

Es saludable que Veracruz  cuente con una nueva reglamentación que regule el tránsito vial y peatonal, pero tampoco debe ser un cheque en blanco para criminalizar a la ciudadanía, a la sociedad democrática que representa el contrapeso del Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno.

Por cierto, el nuevo reglamento de Tránsito y Vialidad deberá regular la anarquía que existe con los monopolios de estacionamientos, que cobran la hora a su libre albedrío y no cuentan con un seguro para cubrir en contra de los siniestros, golpes o robos de las unidades estacionadas.

Por ley, también los municipios o la propia Dirección de Tránsito, como es el caso Xalapa, deberán de licitar los servicios de grúas y sancionar a los prestadores de este servicio cuando causen daños y perjuicios a las unidades arrastradas a los corralones; expedir recibos oficiales porque actualmente no lo hacen y evaden al fisco; pagar de inmediato la sanción por estacionarse en lugar prohibido en el momento que se intenta arrastrar la unidad y sancionar a los agentes viales cuando a su libre albedrío imponga multas en calles y avenidas donde hay más de una unidad estacionada en lugar prohibido.

Las comisiones permanentes de la LXIII Legislatura local, se pasan por el arco del triunfo el reglamento interno del cuerpo colegiado porque no rinden cuentas del estado que guardan las comisiones sobre diferentes temas que atañen a los veracruzanos.

Sólo por citar una, la Comisión Especial a Zonas Devastadas, que encabeza la perredista Ana María Condado Escamilla, ha soslayado olímpicamente el informe sobre cuánto adeuda el FONDEN y cuánto ha invertido el gobierno duartista en los últimos desastres naturales.

De los fondos que se destinaron en 2010 durante el gobierno de la fidelidad, 10 mil millones  de  pesos para ser exactos, no se sabe cómo fueron distribuidos y dónde están los soportes. De 2010 para acá, la Comisión Especial no ha reportado si existen adeudos del FONDEN, cuánto se han invertido y cuánto falta por destinar.

Si existe un seguimiento, debe estar a buen recaudo de la diputada perredista y de los integrantes de la Junta de Coordinación Política, porque los mandantes no lo saben con precisión. Y esto, por supuesto, provoca suspicacia, desdoro y anatemas. Comentarios a gaugar@gmail.com o ggaudencio@yahoo.com.mx

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