AÑO 17 VOLUMEN 4105

 

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Blindaje electoral en Veracruz

Luis Alberto Romero

La respuesta de Rolando Olivares

El pasado 25 de enero, mediante la circular 02/2017, la Sedesol instruyó a sus funcionarios a instalar el Comité Central de Legalidad y Transparencia del Blindaje Electoral, que tendrá la finalidad de “transparentar, supervisar e implementar las acciones necesarias que permitan privilegiar la observancia de los principios que rigen y enmarcan la función pública en materia de transparencia, combate a la corrupción, respeto a los derechos humanos y rendición de cuentas, durante cualquier proceso electoral”.

Dicha circular, que suscriben el abogado general y comisionado para la transparencia de la Sedesol, así como el titular del Órgano Interno de Control de la dependencia, establece que los funcionarios tienen la obligación de evitar que el uso y manejo de los recursos públicos durante el periodo que comprende del inicio de las campañas al día de la jornada electoral se vea relacionado con actos de proselitismo.

De igual manera, se prohíbe la realización de reuniones masivas, “sin importar la naturaleza del evento con los beneficiarios de programas sociales”.

Se trata de medidas que para el caso de Coahuila, Estado de México y Nayarit, iniciarán a partir de los primeros días de abril, en tanto que para Veracruz comenzarán el dos de mayo próximo, aunque el Comité de Blindaje será instalado el 17 del presente mes.

Básicamente, los Lineamientos Generales del Programa de Blindaje Electoral giran en torno a tres ejes: prevenir el uso de los recursos y programas sociales con fines electorales; suspender la propaganda electoral, en los términos que establece la ley; y evitar que se incurra en la violación a las normas penales, administrativas y electorales.

La Sedesol enfatiza a sus funcionarios las acciones relacionadas con delitos electorales: coaccionar o amenazar a los subordinados para que participen en eventos proselitistas; condicionar la prestación de un servicio o programa; destinar apoyos ilegales al uso electoral; apoyar en horario laboral a un contendiente político; pedir a los burócratas y trabajadores apoyo económico para algún candidato o partido; entre otras.

En Veracruz, como en todos los estados con problemas de pobreza y rezago social, el padrón de beneficiarios de programas asistenciales es impresionante: casi 337 mil de Liconsa; 2 millones 630 mil, de Prospera, además de casi 666 mil titulares de ese mismo programa; y 472 mil, de Pensión para Adultos Mayores; así que imagine usted la tentación que representa para partidos políticos y candidatos el uso electoral de esos programas, sobre todo porque, en el caso de la entidad, no hay municipio sin presencia de la Secretaría de Desarrollo Social, a través de las diferentes acciones que maneja esa dependencia.

En ese contexto, todavía está fresco en la memoria de los veracruzanos el recuerdo del vergonzoso episodio conocido como “el oro molido”, que no fue más que un burdo intento del anterior gobierno estatal por utilizar los programas asistenciales, de la Sedesol en este caso, con fines electorales.

Por otro lado, en el presente proceso electoral de la entidad, nos dicen que se endurecerá la vigilancia sobre los funcionarios públicos que manejan programas asistenciales: los priistas tendrán bajo la lupa a panistas y perredistas de la administración estatal, en tanto que PAN y PRD harán lo propio sobre los funcionarios del gobierno federal, que ya están operando en tierras veracruzanas a través de los delegados. Los de Morena, por su parte, vigilarán a todos los demás porque como no son gobierno en ninguno de los tres niveles, nadie les vigilará a ellos.

Esperemos ahora que, sin importar la instancia de gobierno ni las siglas de los partidos políticos, los funcionarios públicos se abstengan del intento de utilizar esos recursos y programas para inducir el voto en uno u otro sentido; es decir, que no pretendan usar la pobreza, la marginación, el rezago y la ignorancia para ganar votos; es una costumbre, por cierto, que se ha convertido en una de las peores bajezas políticas en nuestro país.

La respuesta de Rolando Olivares

En respuesta a los señalamientos lanzados la semana pasada por la diputada María Elisa Manterola, quien se refirió a un supuesto engaño al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, por parte del ayuntamiento de Martínez de la Torre, el alcalde de ese lugar, Rolando Olivares Ahumada, se dijo tranquilo y trabajando en su municipio.

La nota que difundió en días pasados el portal Versiones.com.mx señala que el edil apuntó que esperará el dictamen del Orfis en cuanto a las revisiones a las cuentas; y que desconoce los motivos de las acusaciones en su contra.

El tema de Martínez de la Torre y del diferendo entre la presidenta de la Mesa Directiva en la Legislatura local y el alcalde de ese lugar dará mucho de qué hablar en las próximas semanas.

El problema para el munícipe y su partido es que esa confrontación pavimenta el camino para que el ex alcalde panista José de la Torre Sánchez, quien iría otra vez como candidato a la presidencia municipal, regrese por un tercer periodo al frente del ayuntamiento martinense.

@luisromero85

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