AÑO 11 VOLUMEN 4002
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PLANA MAYOR

Gaudencio García Rivera

  • Caída anunciada del Duartegate

“El pez por la boca muere”. Dicho popular

Megalómano por naturaleza como caracteriza a un sector de la clase política, insoportable por su monserga gestión y presunta cleptomanía, se da por cerrada una de las etapas más sombrías y abominables que vivió Veracruz con la caída del hoy gobernador con licencia, Javier Duarte, el miércoles 12 de octubre.

Curiosamente la separación de Duarte como titular del Poder Ejecutivo del estado ocurrió en la fecha en la que se celebra el Día de la Hispanidad del descubrimiento de América por el navegante Cristóbal Colón en 1492. Pero terminó una etapa del ahora exgobernador cleptócrata, el epitafio, la pesadilla aún no termina para los maltrechos veracruzanos.

De entrada, obligado y de acuerdo al imperio a la ley —no de dientes para afuera— el gobernador sustituto o interino, luego analizaríamos que dicta la hermenéutica si uno u otro, Flavino Ríos Alvarado tiene que cortar todos los hilos de la madeja que propiciaron proteccionismo y complicidad abyecta del gobierno duartista con el crimen organizado.

Sin dobleces, ni simulaciones o retórica populista tiene que hacer una limpia en los mandos medios y en la cúpula de la Secretaría de Seguridad Pública y las policías municipales que están coludidos con la delincuencia organizada de los cárteles de Jalisco Nueva Generación que hizo su nicho en la capital del estado y Los Zetas con los que se disputan el territorio veracruzano. No hay vuelta de hoja.

No le queda mucho tiempo al gobernador Flavino Ríos —su designación por la sumisa y abyecta Diputación Permanente de la Legislatura local dividió opiniones de una clase política que ya no soporta el continuismo duartista—, no hay tiempo a la frivolidad o a la simulación. El tiempo apremia, la sociedad civil lo reclama.

Existe más de un 30 por ciento de los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Municipal que están corrompidos por la mano del crimen organizado, en complicidad con algunos alcaldes y personajes del sector privado, de acuerdo con datos del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

A ello obedecen que se multipliquen como una plaga los secuestros, ejecuciones, robos y asaltos en carreteras desde el Pánuco hasta el Tonalá. Los blindajes a los que se les destinaron recursos millonarios resultaron un fracaso y, en otros casos, fueron a parar a los bolsillos personales de los mandos medios o de la cúpula de la SSP. De ahí la sevicia de la sociedad civil y los ciudadanos de a pie.
Y bajo el imperio de la ley y el orden, el gobernador Flavino Ríos tiene la ineludible acción de someter a la justicia a quienes cometieron oprobios en contra de los diversos sectores productivos del estado, mediante el fraude, el engaño sistemático, el daño patrimonial, la quiebra de los negocios, desviación de programas sociales, compra de medicamentos caducos y abuso de poder.

Están plenamente identificados quienes son los que pervirtieron las instituciones públicas a su favor, en perjuicio de las capas sociales de Veracruz. Son los amigos del exgobernador con licencia, algunos fungen hoy como diputados federales y locales, otros siguen en el poder público. Se gobernó con asimetrías, dejaron atrás el todo terreno. Con el aval del exgobernador cleptócrata y sin él lanzaron a Veracruz al abismo social.

Hay una irritación y exacerbación popular de la sociedad civil y de los ciudadanos de a pie. Se acabó una de las etapas más retrógradas y oscuras de la entidad, pero el epitafio aún no termina hasta que culmine con la aprehensión de Javier Duarte, de su horda y devolución del agravio patrimonial. ¿Quién va a resarcir por el momento los daños causados por el Duartegate?
Cayó tardíamente el tirano, el opresor y autócrata disfrazado de revolucionario y demócrata, pero en qué resuelve o de qué sirve haber focalizado el daño patrimonial al aparato productivo del estado y a las arcas del Gobierno de la Prosperidad. El Duartegate desapareció más de 35 mil millones de pesos del erario estatal. Un boquete.

Quebró a las instituciones públicas y al sector privado. Ninguna institución se salvó. Arrasó con todo como la marabunta. A Duarte y 34 servidores públicos allegados a su círculo íntimo les sigue la pista la PGR, el SAT y la Auditoría Superior de la Federación.

El tiempo se acorta. Si el gobernador interino Ríos Alvarado es congruente en el hacer con su discurso y desea congratularse con la sociedad agraviada: debe poner a disposición de la PGR a todos aquellos que están señalados con el índice flamígero por haber incurrido en los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento de un deber legal.

La justicia por encima de los intereses de la cofradía del Duartegate. Si no quedará en la historia política contemporánea como un pelele de Duarte y su oligarquía. Comentarios a gau41@hotmail.com

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