AÑO 10 VOLUMEN 3507

 

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AL PIE DE LA LETRA

Raymundo Jiménez

* AUDIRAC, INSOSTENIBLE

Este martes 17, el gobernador Javier Duarte de Ochoa tuvo que mover de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) a Mauricio Audirac, pese a la amistad que le une con él.

Pero por encima de la relación personal terminó pesando más la responsabilidad gubernamental. Audirac era insostenible. Estaba vetado en la Secretaría de Hacienda y era mal visto también en la Auditoría Superior de la Federación. Las presiones obligaron a Duarte a prescindir de su amigo.

En su lugar, el jefe del Ejecutivo decidió nombrar a Antonio Gómez Pelegrín, con una larga trayectoria en la administración pública de Veracruz y quien de manera particular ha prestado servicios de consultoría en materia de fiscalización a gobiernos estatales como los de Guerrero y Michoacán. En julio de 2014 retornó a la entidad como jefe de la Unidad Administrativa de la Contraloría General del Estado (CGE) al lado de Ricardo García Guzmán, con el cual ya había coincidido en el régimen del gobernador Miguel Alemán Velasco (1998-2004), en el que Gómez Pelegrín manejó los recursos del sector educativo bajo el mando del extinto Juan Maldonado Pereda, titular de la SEV.  Por ello es que aunque formalmente su nombramiento era el de administrador interno de la Contraloría, de hecho la verdadera función que Gómez Pelegrín venía realizando desde hace ocho meses en la CGE era la de enlace para atender exclusivamente las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo al gobierno del estado de Veracruz sobre los fondos federales correspondientes a la Cuenta Pública 2013.

Y es que de acuerdo a un artículo firmado por Arturo Chávez, del portal de internet Quadratín Veracruz, desde mediados de febrero del año pasado la CGE, a cargo aún de Audirac, conoció oficialmente las observaciones hechas por la ASF al gobierno estatal por el uso indebido de los recursos federales que podrían derivar en daño patrimonial, por lo que la dependencia ahora en manos de García Guzmán comenzó a enviar, a partir de agosto de 2014, una serie de oficios para tratar de solventar las presuntas irregularidades.

El 20 de febrero pasado la ASF hizo públicos los resultados de la auditoría a los recursos federales transferidos por el Gobierno de la República a los estados del país, por un monto de 70 mil millones de pesos, reportando irregularidades en más de 40 mil millones, de los cuales el 25% corresponden a Veracruz. En total, 10 mil 335 millones de pesos cuya correcta aplicación deben de comprobar. Entrevistado al respecto, el auditor Juan Manuel Portal Martínez, titular de la ASF,  calificó este caso como “muy complicado”.

El reportero Chávez remite a la página oficial de la ASF en internet (www.asf.gob.mx), en la que aparece una serie de oficios respondidos por la Contraloría General del Estado desde agosto de 2014 –casi un mes después de que García Guzmán sustituyera a Mauricio Audirac, quien de la CGE pasó a la Sefiplan–, en los que la dependencia encabezada ya por el ex alcalde de Pánuco intentó solventar, sin éxito, las observaciones de la ASF.

Entre los documentos que cita el colaborador de Quadratín Veracruz está el Oficio número CG/ENLACE-ASF/0595/2014, del 19 de diciembre de 2014, referente al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, donde la Auditoría Superior determinó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 315 millones 898 mil pesos. 

Sobre este caso, la CGE abrió el Procedimiento Disciplinario Administrativo número 242/2014 con fecha 18 de diciembre de 2014 en contra de funcionarios o ex funcionarios, de la Sefiplan, “probables responsables cuya conducta motiva lo observado”.

En 2013 la Secretaría de Finanzas y Planeación tuvo tres titulares: Salvador Manzur Díaz, actual delegado estatal de Banobras; Carlos Aguirre Morales, hasta ahora subsecretario de Egresos de la Sefiplan, y a Fernando Charleston Hernández, quien en julio de 2014 renunció para volver a su curul en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 

Otro ejemplo citado por Quadratín Veracruz es el del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal. La CGE remitió a la ASF el Oficio número ENLACE-ASF/0021/2014, con fecha 20 de agosto de 2014, en el que remite documentos para solventar las observaciones. No obstante, el máximo órgano fiscalizador las consideró insuficientes y determinó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2 mil 30 millones 581 mil 200 pesos que representa el 10.6 por ciento de la muestra auditada; adicionalmente pidió aclarar el destino de 2 mil 295 millones 426 mil pesos.

Asimismo, del Fondo para la Infraestructura Social Estatal, la ASF detectó un probable desvío de 625 millones 254 mil pesos que representa el 92.1% de la muestra auditada, “así como incumplimientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental”. La CGE abrió los Procedimientos Disciplinarios Administrativos número 195/2014 y 196/2014 de fecha 6 de octubre de 2014.

En resumen: la CGE sí tuvo conocimiento de las observaciones, respondió pero no pudo solventar las irregularidades y abrió 10 expedientes para dar con los responsables de los probables desvíos, pues en los próximos días la ASF habrá de definir el monto de lo que el gobierno de Veracruz tendrá que reintegrar, con sus respectivos intereses, a la Hacienda Pública Federal. Por eso se tuvo que ir Audirac de la Sefiplan.

SEP SÍ APOYA A VERACRUZ

Optimista, como debe ser, el secretario de Educación de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, asegura que a más tardar será en 2016 cuando la SEP incluya a nuestra entidad en el Programa de Inclusión y Alfabetización Digital, a pesar de que en ese año será la sucesión gubernamental.  

Ríos Alvarado hizo el comentario debido a que ayer, en este mismo espacio, comentamos que a través de un comunicado oficial emitido el pasado viernes 13, la SEP informó que había decidido ampliar la entrega de tabletas a un millón 100 mil alumnos de quinto grado de primaria en nueve entidades federativas donde no habrá elección de gobernador este año, pero que inexplicablemente se había excluido a Veracruz. La SEP sólo enlistó a los estados de Nayarit, Tlaxcala, Quintana Roo, Zacatecas, Yucatán, Durango, Sinaloa, Hidalgo y Chihuahua, los cuales se sumaban a los de Colima, Estado de México, Puebla, Sonora, Tabasco y Distrito Federal, donde desde hace dos años ya opera este programa en el que la administración del presidente Enrique peña Nieto ha invertido 2 mil 989 millones de pesos. 

El titular de la SEV explicó que el problema de Veracruz es que actualmente sólo existe conectividad de internet en las 212 cabeceras municipales y algunas otras congregaciones, pero no en la totalidad de las comunidades, aunque todos los planteles escolares cuentan con energía eléctrica. 

Inclusive comentó que a finales de febrero pasado acudió a una reunión en el Distrito Federal con la coordinadora de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Mónica Aspe Bernal, quien es la encargada del Programa Nacional de Banda Ancha que elabora la SCT con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, con el fin de garantizar el derecho constitucional de acceso a Internet de banda ancha para todos los mexicanos. 

A través del proyecto “México Conectado” se promueve la conectividad en sitios y espacios públicos como escuelas, centros de salud, bibliotecas, centros comunitarios o parques, en los tres ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal. Actualmente, más de 65 mil sitios y espacios públicos tienen internet proporcionado por este programa, pero la meta es concluir la administración de Peña Nieto, en 2018, con aproximadamente 250 mil sitios y espacios públicos conectados.

Ríos Alvarado dijo que las diferencias que pudo haber con motivo de la reforma educativa ya quedaron en el pasado, y que así quedó demostrado en la gira de trabajo que realizó el titular de la SEP, Emilio Chuayffet, el 21 de febrero de este año por la región de Papantla,

donde anunció millonarias inversiones para Veracruz durante 2015 en los programas de Escuela Digna, Escuelas de Tiempo Completo y Becas.

RENATO CUMPLE

Renato Alarcón Guevara rindió ayer su primer informe de labores como representante del ISSSTE en Veracruz. Fue un evento austero. Aparte de la presencia del secretario general del Instituto, Luis Antonio Godina, y de los integrantes del Consejo Consultivo de la Delegación Estatal, sólo acudió un reducido número de invitados especiales.

Ante ellos dio cuentas de lo que hasta ahora ha hecho y pretende seguir haciendo para el bienestar de los 547 mil 25 derechohabientes veracruzanos, cuya población de beneficiarios es la tercera en el nivel nacional. 

Alarcón Guevara definió que más que una institución de salud, el ISSSTE es una institución de seguridad y servicios sociales, con 21 prestaciones garantizadas, que deben de darle al derechohabiente la certeza de que tienen en la institución a su mejor aliado. Detalló que el ISSSTE en Veracruz cuenta con un total de 85 centros de atención médica, los cuales han recibido importantes inversiones en  infraestructura, equipamiento de alta tecnología y capacitación para sus trabajadores.

Refirió que tan solo durante el periodo de enero a diciembre de 2014 se otorgaron 1 millón 397 mil 837 consultas, de las cuales 949 mil 496 fueron de Medicina General, 299 mil 161 de Especialidad, 135 mil 968 de Odontología y 13 mil 212 de Telemedicina; sobre este último le solicitó al secretario general del ISSSTE más apoyo para fortalecer a esta delegación sobre dicho programa en 11 unidades que cuentan con este tipo de equipo. En lo referente a cirugías, enumeró que se realizaron 10 mil 711 actos quirúrgicos, de los cuales 6 mil 84 fueron cirugías mayores; 2 mil 653 fueron actos quirúrgicos de corta estancia o ambulatoria; mil 490 fueron cirugías menores, y 484 procedimientos quirúrgicos de auxiliares de tratamiento, que son intervenciones no invasivas de alta tecnología. Asimismo, en las seis unidades hospitalarias donde se cuenta con el servicio de urgencias se atendieron 29 mil 559 pacientes.

Entre otros resultados que dio a conocer, presumió la óptima administración de los recursos disponibles y una mejor planeación de las finanzas. Expuso que durante el año pasado, la derrama económica agregada del ISSSTE Veracruz fue de más de 11 mil millones de pesos, en la sumatoria integral de todas las acciones que informó. 

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