AÑO 17 VOLUMEN 4135

 

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Caso Ricardo Monlui, indignación y exigencia de justicia

Luis Alberto Romero

Veracruz, el riesgo para los periodistas

El homicidio perpetrado por la mañana del domingo 19 de marzo contra el periodista Ricardo Monlui Cabrera, en Yanga –zona centro de Veracruz- no sólo causó indignación entre el gremio por representar un nuevo agravio, sino que generó comprensibles reacciones de rechazo y condena.

Se trata de un nuevo ataque contra quienes se dedican a la actividad periodística en una entidad que se ha caracterizado desde hace poco más de una década por ser foco rojo para la libertad de expresión y punto peligroso para los reporteros.

Hoy, Veracruz es el estado del país con los más alarmantes casos de agresión contra periodistas. Incluso, hay conflictos armados que registran menos bajas de periodistas que la entidad en los últimos diez años.

A eso se debe la exigencia de justicia en el caso de Ricardo Monlui; no es el primero, aunque todos esperamos que sea el último.

Lo peor es que el asunto del periodista victimado en Yanga podría correr con la misma suerte que otras agresiones que no fueron esclarecidas; a esa desconfianza en el trabajo de las dependencias responsables de procurar justicia se deben, sobre todo, las presiones para que se investigue a fondo y se capture al o los responsables del homicidio.

El escenario indeseable, por supuesto, tiene que ver con que prevalezca la impunidad en éste como en otros casos de agresiones contra quienes se dedican a la actividad de informar.  

Ricardo Monlui era propietario de un portal de internet, El Político, y autor de la columna “Crisol”, que difundía en portales y algunos impresos como El Sol de Córdoba y Diario de Xalapa, de la Organización Editorial Mexicana. Fue, además, jefe de prensa de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar de la CNC; y presidente de la Asociación de Periodistas y Reporteros Gráficos de Córdoba y la Región, AC.

El crimen contra Monlui Cabrera se suma a una veintena de asesinatos contra periodistas que se han registrado en los últimos años en Veracruz. De 2011 a 2016, por ejemplo, integraron esa dramática lista nombres como los de Regina Martínez, de la revista Proceso; Anabel Flores Salazar, de El Buen Tono y El Sol de Orizaba; Rubén Espinosa Becerril, reportero gráfico de Proceso y Cuartoscuro; Moisés Sánchez Cerezo, de La Unión; Gregorio Jiménez de la Cruz, de Notisur; Sergio Landa Rosales, del Diario de Cardel; Víctor Manuel Báez Chino, de Reporteros Policiacos (portal que tuvo que cerrar por las amenazas contra sus integrantes); Yolanda Ordaz de la Cruz, de Notiver; Misael López Solana; de Notiver; Migue Ángel López Velasco, Milo Vela, también de Notiver; entre otros, que cayeron durante la administración de Javier Duarte, o que desaparecieron, como Miguel Morales Estrada, de Diario de Poza Rica.

La cifra de las víctimas podría ubicarse en 25, si se cuentan los casos registrados en el sexenio previo a Javier Duarte; es decir, el de Fidel Herrera Beltrán.

Probablemente, por las circunstancias en que se desarrollaron, los casos más emblemáticos de agresiones contra periodistas veracruzanos sean los de Regina Martínez y Rubén Espinosa. Sin embargo, cada uno de los periodistas asesinados constituye un agravio a quienes se dedican a esta actividad y, en general, a la sociedad.

Veracruz, lugar peligroso para los periodistas

Hoy, Veracruz es visto en los ámbitos nacional e internacional como un estado inseguro para el ejercicio del periodismo; por otro lado, igual de lamentable es la percepción en el sentido de que en la entidad, la impunidad es regla y no excepción.

Hay que recordar que prácticamente ninguno de los asesinatos contra periodistas durante la administración de Javier Duarte quedó resuelto; no hubo detenidos en las etapas en que ocuparon la procuraduría de justicia del estado Reynaldo Escobar Pérez, Felipe Amadeo Flores y Luis Ángel Bravo Contreras; y ello provocó que organismos pro defensa de los periodistas lanzaran un llamado de alerta.

Reporteros Sin Fronteras, por ejemplo, difundió hace un mes y medio, al iniciar febrero del presente año, que entre todos los países de Latinoamérica, México era el más peligroso para el ejercicio del periodismo, con 99 reporteros asesinados en el periodo de 2000 a 2016. De acuerdo con el reporte “Veracruz: los periodistas frente al estado de miedo”, la entidad acumulaba 19 periodistas victimados; en pocas palabras, casi dos de cada diez casos de homicidio contra comunicadores del país se registraron en la entidad.

Veracruz, resumió el trabajo mencionado, es el lugar más peligroso de América para quienes trabajan en los medios de comunicación.

Así las cosas, es comprensible la indignación que generó el homicidio de Ricardo Monlui, así como la exigencia de justicia de comunicadores, organizaciones no gubernamentales, organismos pro derechos humanos, e instancias de protección al gremio, como la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, CEAPP, o la Comisión Permanente de Atención y Protección de Periodistas de la Legislatura del Estado, porque este no es el primer caso, sino un eslabón de una muy larga cadena. Hoy, el gobierno estatal y la fiscalía de justicia deben mostrar que, en efecto, las cosas en materia de investigación y castigo a los autores de ataques contra periodistas, han cambiado. Esperemos que eso ocurra y que no se termine por reforzar la percepción de que en Veracruz los crímenes contra comunicadores quedan tan impunes como los actos de corrupción gubernamental. @luisromero85

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