AÑO 10 VOLUMEN 3538

 

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AL PIE DE LA LETRA

Raymundo Jiménez

* EL CUÑADO INCÓMODO

En diciembre del año pasado, cuando el gobernador Javier Duarte de Ochoa dio posesión a Pedro Montalvo Gómez como director del Instituto de Espacios Educativos, el mandatario veracruzano le dio dos instrucciones precisas al flamante funcionario estatal: “vas a tener que hacer lo mismo pero con menos, y no vas a poder iniciar nuevos proyectos hasta no terminar los que ya están en proceso”. 

Al ex alcalde priista de Omealca y ex diputado federal por el distrito de Zongolica –fue, de un total de 21, uno de los seis candidatos de la alianza PRI-PVEM que lograron salir triunfantes en el proceso electoral de 2006; otros de los ganadores fueron Adolfo Mota en Coatepec, Maricarmen Pinete en Tantoyuca y Elízabeth Morales en Xalapa urbano, actualmente en campaña los tres– le ha tocado la etapa más difícil de la administración duartista: el cierre del sexenio y con severos ajustes y recortes presupuestales en el gobierno del estado y de la Federación. 

Sin embargo, Montalvo está enfrentado una circunstancia extraordinaria que no se esperaba ya que anteriormente había despachado como director de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) y no se le había cuestionado públicamente como hoy.  

La semana pasada, el secretario de Educación de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, tuvo que salir en su defensa mientras el contralor general del estado Ricardo García Guzmán decidió guardar silencio. 

Entrevistado el pasado jueves 16 acerca de la exigencia de los representantes de empresarios de la industria de la construcción que pedían destituir al titular del Instituto de Espacios Educativos porque supuestamente no reunía el perfil académico para ser director de área, Ríos Alvarado invitó a los reporteros a acceder a la página electrónica de la Dirección de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y verificar que su subalterno sí cuenta con cédula profesional.   La duda surgió porque en la página oficial de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de la que formó parte Montalvo de 2006 a 2009, aún aparecía en su currículum que tenía escolaridad “trunca” ya que sólo había cursado hasta el cuarto semestre de Ingeniería Industrial Mecánica.

En efecto, el ex alcalde y ex diputado federal priista confiesa que tuvo que abandonar los estudios en el Instituto Tecnológico de Orizaba porque su padre los abandonó y se vio en la necesidad de trabajar la parcela ejidal que les heredó su abuelo para contribuir junto con sus cinco hermanos al sostén económico de la familia.

En ese entonces jamás imaginó incursionar en la política. Sin embargo, primero fue invitado como autoridad ejidal y posteriormente como secretario del Ayuntamiento, el cual presidiría después durante el cuatrienio 2000-2004.

En la sucesión estatal antepasada quiso ser candidato a diputado local pero el candidato priista a gobernador, Fidel Herrera Beltrán, ya traía compromiso con el Partido Verde y decidió darle la candidatura a un ex alcalde del PVEM. Aceptó la suplencia.

A punto de iniciar el sexenio fidelista, Montalvo le pidió a Herrera Beltrán la dirección de la Comisión Estatal de Agua, pero también ya la tenía prometida el gobernador electo. Entonces le solicitó que lo designara como administrador regional de la CAEV en la zona de Córdoba, lo que aprovechó para trabajar políticamente en los municipios de la parte baja y la región serrana de Zongolica y así buscar ser postulado como candidato del PRI a diputado federal en el proceso electoral de 2006, lo que consiguió exitosamente pese a la debacle del partido tricolor en 15 de los 21 distritos del estado.    

Ahora, colocado en el ojo del huracán por los representantes de un par de agrupaciones de constructores que piden su destitución porque en su opinión no cumple con el perfil académico, Montalvo ha sacado a relucir fichas de depósitos bancarios y todos los trámites que tuvo que hacer desde octubre de 2013 ante el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) para cumplir con el proceso de acreditación de conocimientos a nivel de licenciatura, lo que le permitió obtener un año después el título profesional de Licenciado en Ciencias de la Educación otorgado por la SEP en base al Acuerdo 286 por el que dicha institución federal establece “los lineamientos que determinan las normas y criterios generales a que se ajustarán la revalidación de estudios realizados en el extranjero y la equivalencia de estudios, así como los procedimientos por medio de los cuales se acreditarán conocimientos correspondientes a niveles educativos o grados escolares adquiridos en forma autodidacta, a través de la experiencia laboral o con base en el régimen de certificación referida a la formación para el trabajo”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre de 2000 y reformado  mediante acuerdo número 328 publicado en el propio órgano oficial de comunicación el 30 de julio de 2003.  

Montalvo pagó en total 13 mil 900 pesos por los derechos para presentar exámenes escritos y orales ante el Ceneval, cuyos sinodales emitieron su dictamen final “satisfactorio” el 28 de abril de 2014.  El título profesional le fue otorgado el 16 de octubre de 2014, firmado por Guillermo Pablo López Andrade, director general de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la SEP. Y el 30 de marzo de 2015 inició el trámite ante la Dirección General de Profesiones para su registro y la expedición de la cédula profesional, la cual finalmente obtuvo con el número oficial 09153442.

Así, pues, el cuestionamiento por su perfil académico podría quedar solventado, pues además no es el único funcionario del gobierno duartista que se ha titulado con la certificación del Ceneval –otro caso sería, según nos dicen, el de la secretaria de Protección Civil, Yolanda Gutiérrez Carlín, recién designada también–, pero Montalvo tiene otro pendiente mucho más grave que resolver: el señalamiento de los empresarios contra su cuñado Ernesto Ramírez por el supuesto cobro de “moches” que presuntamente vendría cobrando a constructores por darles contratos de obra pública.

 

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