AÑO 10 VOLUMEN 3722

 

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Millonaria sanción contra Audirac

Luis Alberto Romero

A los amigos, justicia y gracia…

Turismo electoral, riesgo en 4 estados

En su comparecencia ante los diputados locales, en el marco de la glosa del Quinto Informe de Gobierno, el titular de la Contraloría General del Estado, Ricardo García Guzmán, informó que por una omisión en la información que tendría que haber llegado a la Auditoria Superior de la Federación (ASF), se abrieron 65 procesos administrativos y se determinó inhabilitar a seis ex funcionarios del gobierno estatal.

El más destacado, sin duda, es Mauricio Audirac Murillo, quien fuera contralor, de octubre de 2013 a julio de 2014; y secretario de Finanzas y Planeación, de julio del año pasado a marzo de 2015.

Audirac Murillo también fungió como auditor general del Orfis, de 2006 a 2012; como tal, en sus manos estaba la fiscalización del sector público veracruzano. Sin embargo, en junio del presente año, el fiscalizador se convirtió en acusado; la suerte dejo de sonreírle.

En su comparecencia de este lunes, el contralor informó que Mauricio Audirac fue inhabilitado por diez años para el servicio público; de igual manera, le aplicaron una sanción económica de 29 millones 383 mil 981 pesos, una fortuna.

Expuso que Audirac Murillo no fue el único inhabilitado: a Érico Excelente Toledo lo sancionaron por 7 años; a Ricardo Calles Cruz, por 3; al igual que a Gabriel Salvador Arnaud y a Carlos Aguirre Morales, quien se había desempeñado como subsecretario de egresos de Sefiplan.

A todos ellos, y a otros cinco que sólo fueron amonestados, se les acusa por omitir la información que requería la Auditoría Superior de la Federación, para que el gobierno del Estado solventara las observaciones derivadas de las revisiones a las cuentas de los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011. No para ahí, García Guzmán amagó con acciones penales contra los ex funcionarios señalados.

El caso de Mauricio Audirac no es nuevo y lo declarado a los diputados por García Guzmán únicamente es seguimiento; el 22 de junio, el gobernador Javier Duarte anunció el inicio de procedimientos administrativos para sancionar a los funcionarios que no entregaron la información a la ASF, lo que derivó en 14 denuncias contra igual número de servidores públicos, por presuntos malos manejos, ante la Procuraduría General de la Republica.

En conferencia de prensa, el ejecutivo estatal también precisó que las denuncias de la ASF ante la PGR quedaron sin materia, debido a que el gobierno estatal logró solventar las observaciones derivadas de presuntas irregularidades en el manejo de los recursos del Fondo de Educación Básica y Normal (FAEB) y del Seguro Popular.

A los amigos, justicia y gracia…

Los 14 sancionados, sin embargo, no son los únicos funcionarios y ex funcionarios que han sido señalados por presuntas irregularidades; a esos nombres habría que agregar al menos a otros cuatro que han estado en el centro de atención pública por haber desempeñado puestos que se consideran claves; uno de ellos, Gabriel Deantes Ramos, despacha actualmente en la Secretaría del Trabajo,  en tanto que otros tres son hoy legisladores federales, Adolfo Mota Hernández, Edgar Spinoso Carrera y Antonio Tarek Abdalá Saad, quienes nos recuerdan la máxima de la política mexicana, atribuida al presidente Juárez: “a los amigos, justicia y gracia…”.

Por otro lado, de acuerdo con la información difundida por el gobernador Duarte durante la segunda semana de octubre, estarían pendientes de ejercer al menos 73 órdenes de aprehensión contra ex funcionarios veracruzanos; además, hay 113 procesos contra ex servidores.

En el contexto del anuncio gubernamental de hace poco más de un mes, sobre el tema de la impunidad, Duarte de Ochoa habló de 3 mil 424 investigaciones ministeriales contra funcionarios de diversos niveles en los últimos 5 años; de ellos, mil 182 eran funcionarios municipales; 802 eran elementos de la Fiscalía; 550, de la Secretaría de Seguridad Publica; 223, del Poder Judicial; y 297, de las dependencias del poder ejecutivo del Estado.

El problema es que esas denuncias e investigaciones  contra funcionarios muy pocas veces se traducen en acciones penales y ello fortalece la percepción de los ciudadanos en el sentido de que Veracruz no es ajeno al enorme problema de impunidad que se registra en nuestro país.

 

 

Turismo electoral, riesgo en 4 estados

Aviso para mapaches y operadores políticos: de acuerdo con reportes de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, Fepade, de las 13 entidades que tendrán elecciones en 2016, cuatro concentran los mayores riesgos: Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Veracruz.

Esos cuatro estados acumulan, de 2009 a la fecha, 6 mil averiguaciones previas por delitos electorales, por lo que se les considera focos rojos en la materia.

Como “posibles espacios de riesgo” calificó la Fepade a esos estados; el reporte establece que de las 13 elecciones en puerta, la que presenta mayores riesgos es la veracruzana, en virtud de que en el proceso presidencial pasado hubo mil 763 denuncias por presuntos delitos electorales.

Así las cosas, el año próximo, Veracruz será blanco de las miradas de los observadores electorales, de las organizaciones no gubernamentales, de los propios partidos políticos y de la Fepade.

@luisromero85

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