AÑO 11 VOLUMEN 3802

 

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Al Pie de la Letra

* LA CRISIS DE LA UV

Raymundo Jiménez

Está programada para la tarde de este viernes otra manifestación de la comunidad universitaria para exigirle al gobierno del estado el pago de poco más de dos mil millones de pesos que le adeuda a la Universidad Veracruzana (UV).

Y hacen bien, están en su derecho de recurrir a todo tipo de presiones para obtener lo que reclaman y legalmente les pertenece. Sin embargo, en un obligado ejercicio de autocrítica, las autoridades, académicos, empleados y estudiantes de la UV también deberían analizar cómo, quiénes y por qué no actuaron con esta misma firmeza a tiempo y cómodamente permitieron estos abusos e incumplimientos que ahora tienen a la máxima casa de estudios al borde de la parálisis por el colapso financiero.

Por ejemplo, el ex rector Raúl Arias Lovillo le confirmó en agosto de 2014 al periodista Arturo Reyes Isidoro que durante su gestión el entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán no pagó a la UV mil 500 millones de pesos transferidos por el gobierno federal, reteniéndoles cinco pagos anuales de 300 millones de pesos sin ninguna explicación.

Esta misma versión la confirmó en un artículo publicado el pasado jueves 18 en el periódico Reforma el académico Alberto J. Olvera, a quien Arias Lovillo promovió durante su rectorado como miembro y presidente de la H Junta de Gobierno de la UV. En su texto, Olvera refiere que “desde hace 10 años el gobierno estatal ha incurrido en la entrega incompleta del subsidio estatal y en la retención ilegal (robo) de una parte del subsidio federal”, pero que “la magnitud del problema ha alcanzado dimensiones intolerables en los dos últimos años”, ya que, “a la fecha, el gobierno del estado debe 450 millones de pesos de subsidios federales retenidos y más de 1,600 millones de subsidios estatales.” 

Y resume que “la universidad está a punto de quedar paralizada”, pues “para colmo, el presupuesto 2016 del gobierno estatal contempla una reducción del 7% en el subsidio.” Olvera reseña que la rectora Sara Ladrón de Guevara “buscó durante dos años resolver el tema de los pasivos por la vía del diálogo”, pero que ante el incumplimiento del gobernador Javier Duarte, “con valor civil, la rectora ha decidido pasar al terreno judicial, demandando al gobierno del estado ante la fiscalía estatal y ante el poder judicial federal, sentando un precedente”, pues apunta que “si bien las instituciones locales de justicia carecen de autonomía real, la estrategia plantea un novedoso reto a la impunidad en el plano federal.”

Pero Olvera, como muchos otros funcionarios y académicos de la UV que seguramente encabezarán o participarán en la manifestación de este viernes en defensa de la máxima casa de estudios, no tiene calidad moral para hablar de combate a la impunidad, pues como miembro del Consejo Universitario y luego de la H. Junta de Gobierno no sólo encubrió y fue cómplice de escandalosos actos de corrupción sino que tampoco reclamó enérgicamente en su momento los fondos federales que desde entonces empezó a “robarle” el gobierno estatal a la universidad y que actualmente la tienen a punto de la parálisis.

Por ejemplo, en la administración de su amigo Arias Lovillo se maniobró desde la Rectoría para evitar que se les fincara responsabilidad penal a quienes ocasionaron un daño patrimonial de aproximadamente 65 millones de pesos a la UV por la rescisión unilateral del contrato de arrendamiento de un lote de 3 mil computadoras que había sido adjudicado en julio de 1999 a la empresa “Automatización y Modernización Industrial, S.A. de C.V.”, la cual en septiembre de 2006 terminó por celebrar un convenio de Cesión de Derechos Litigiosos al despacho “Rodríguez Pasquel Sucesores, S.A de C.V”, para que retomara el Juicio Ordinario Mercantil 1013/2003/IV. 

Y es que en noviembre de 2006, al verse jurídicamente perdidos, autoridades de la UV –ya encabezadas desde dos años antes por Arias Lovillo– determinaron negociar con la parte acusadora un convenio de transacción judicial, pago y quita condicionada para terminar la controversia que dio origen al Juicio Ordinario Mercantil sobre rescisión de contrato de arrendamiento que había sido tramitado en el Juzgado Sexto de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el estado de Veracruz. En lugar de los aproximadamente 107 millones de pesos (ya incluido el Impuesto al Valor Agregado) que reclamaba en un principio la empresa arrendadora del equipo de cómputo, la UV convino en pagar sólo 57 millones de pesos más IVA pero bajo la condición “de desistirse de inmediato” del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia de fecha 31 de octubre del año 2006, dictada en el juicio de amparo indirecto número 490/2006 que se tramitaba ante el Juez del Juzgado Segundo de Distrito del Séptimo Circuito del Estado, y obligándose a liquidar el total de su adeudo mediante un primer pago parcial de 11.5 millones de pesos el día de la firma del acuerdo, el 23 de noviembre de 2006; entregar otros 25 millones de pesos el 30 de enero de 2007, y los 29 millones 50 mil pesos restantes serían prorrateados en 20 pagos mensuales de un millón 452 mil 500 pesos, los cuales fueron liquidados en septiembre de 2008. 

En una denuncia penal presentada a mediados de julio de 2009 en la PGJE con atención a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, dos abogados egresados de la UV, Juan Antonio Mendoza Montes y María Candelaria Lión Reyes, solicitaron al procurador en funciones, Salvador Mikel Rivera (QEPD), practicar una indagatoria ministerial contra quien resultara responsable de estos hechos ya que presumían que hubo “falta de probidad” en los servidores públicos de la UV, “cuyos errores o complacencias han sido sumamente costosas para los veracruzanos.” 

Y exponían que al no poner la Universidad Veracruzana en conocimiento de las autoridades judiciales el juicio que perdió por la rescisión del contrato de arrendamiento de las computadoras, por ser hechos constitutivos de delitos “exalta la suspicacia obvia del caso (...) porque esa negligencia encierra una violación al artículo 114 de la Ley Orgánica de la UV, que dispone: ‘Si al investigar las faltas de carácter universitario se advierte la comisión de un delito, deberá hacerse la denuncia ante las autoridades competentes, sin perjuicio de que se imponga la sanción prevista por la reglamentación respectiva.” 

Sin embargo, en diversas ocasiones el entonces rector Raúl Arias negó reiteradamente que este hecho pudiera tipificarse como un daño patrimonial, y sostuvo que en todo caso ya

había sido cosa juzgada porque tanto la Comisión de Honor y Justicia de la UV como el Consejo Universitario determinaron aplicar en noviembre de 2006 “una amonestación” a tres funcionarios implicados y “una enérgica llamada de atención” al ex rector Víctor Arredondo y al ex secretario de Administración y Finanzas, Rafael Murillo Pérez, entre otros, “por las conductas que asumieron y que pudieron poner en riesgo el patrimonio de la Universidad Veracruzana”. 

No obstante, el propio dictamen de la Comisión de Honor y Justicia que el mismo Arias Lovillo firmó y que fue sometido a la aprobación del pleno del Consejo General Universitario, incluía testimonios de miembros del Comité de Asesores de la Comisión de Informática de la UV que exhibían al ex rector Arredondo y a los funcionarios del Comité de Adquisiciones por asignar el contrato millonario a la empresa “Automatización y Modernización Industrial, S.A. de C.V.” pese a la advertencia de los especialistas universitarios de que “el tipo de arrendamiento propuesto” no era conveniente para la UV ya que, entre otros señalamientos, cuestionaban que la “empresa carecía tanto de capacidad instalada, infraestructura, equipo propio, capacidad técnica, como de experiencia en el terreno del arrendamiento de equipo de cómputo”.

Pero sobre este y otros casos de saqueo a la UV –entre ellos la retención de los fondos federales que desde entonces venía haciendo el gobierno del estado–, Olvera hizo mutis por conveniencia personal, pues tanto él como algunos de sus familiares más cercanos recibieron sendos privilegios de su amigo el ex rector.

H. YUNES, ATENTO A CRISIS DE LA UV

Finalmente, luego de movilizaciones y marchas, el Ejecutivo estatal envió al Congreso del estado una iniciativa de  reforma constitucional para garantizar autonomía presupuestal a la Universidad Veracruzana, cuando esto mismo ya lo había propuesto también tiempo atrás para la Fiscalía General y el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

En cuanto al caso de la UV, se sabe que el precandidato del PRI, Héctor Yunes Landa, ya había tomado mano en el asunto y cabildeado ante autoridades federales soluciones para la máxima casa de estudios.

Yunes Landa, nos indican, se habría reunido con la rectora Sara Ladrón de Guevara hace unas semanas y le habría planteado una ruta de salida al enfrentamiento que las autoridades universitarias mantienen con el gobierno del estado por el adeudo de más de 2 mil millones de pesos.

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