AÑO 18 VOLUMEN 5431
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PLANA MAYOR

Gaudencio García Rivera

Veracruz, el infierno electoral

La crisis del estado de derecho en Veracruz es grave ante la complacencia de la Secretaría de Gobernación y pasividad del profeta imperial de Palacio Nacional. El pelele es capaz de vender su alma al diablo para complacer al catequista tabasqueño.

Veracruz tiene rato que está en llamas, como una estampa Rulfiana —El llano en Llamas, de Juan Rulfo, publicado el 1 de septiembre de 1953—, la injusticia social, la corrupción, el nepotismo, el cuatachismo y el tráfico de influencias son el pan de cada día de la maltrecha sociedad civil.

Arrepentidos, sí, por haber votado por el cambio partidista en Veracruz y el país; el cambio fue y ha sido para la avaricia y desdoro de la “nueva clase política” de Morena, el partido gobernante, en contra de los ‘caídos’ y de los ciudadanos de a pie.

Veracruz estaba y está herido de la hidra de corrupción y de la partidización del estado de derecho que heredaron los gobiernos priistas de Miguel Alemán Velasco, Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte y del panista Miguel Ángel Yunes Linares —La justicia denegada, del investigador Alberto J. Olvera, publicado en agosto de 2018—, el cambio agudizó el intríngulis político.

El oxígeno esperado por el imaginario colectivo —los votantes— para desterrar los males endémicos de las instituciones públicas de la pirámide gubernamental y transparentar y eficientar el nuevo Sistema Penal Acusatorio, instituido desde 2016, fue un rotundo fracaso.

Si Veracruz está en llamas —lidera el primer lugar nacional en violencia electoral, con 45 casos, de acuerdo con el Cuarto Informe de Violencia Política en México 2021 de Etellekt— y se han agudizado los conflictos sociales desde el Pánuco hasta el Tonalá, obedece a la incapacidad, ineficiencia, impunidad y corrupción del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.

La llave de solución para inhibir los miasmas en Veracruz —complicidades abyectas de servidores públicos con el crimen organizado, la corrupción de las licitaciones públicas directas y los “moches” del secretario de Gobierno con sus empleados— sería la justa, puntual y transparente ejecución del Sistema Penal Acusatorio.

Pero Cuitláhuac y la clase política morenista no tienen el menor interés para superar el aprendizaje, ni la ceguera transitoria para desterrar el infierno electoral y social que vive Veracruz —les vale un bledo— porque el estado de derecho hizo agua, naufragó.

En suma, el nuevo Sistema Penal Acusatorio les estorba a los tres poderes del gobierno de Veracruz. De ahí, la zozobra y el terror por los crímenes, secuestros, amenazas e intimidación electoral que se han registrado en la entidad.

La impunidad, ineficiencia, incapacidad y omisión por comisión que es sinónimo de causalidad de los tres poderes del gobierno del Estado han quedado evidenciados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en por lo menos 17 resoluciones en contra. Reveses que marcan, que dejan huella.

Si en Veracruz se extienden las llamas por los cuatro puntos cardinales el próximo domingo 6 de junio, no serán actos

fortuitos, sino claros indicios de que la tutoría de la violencia proviene de uno de los principales despachos del Palacio de Gobierno.

El partido gobernante teme perder la mayoría de las 30 diputaciones distritales de la entidad para continuar monopolizando la Junta de la Coordinación Política de la nueva LXVI Legislatura local y las principales localidades de las 212 en disputa en el estado.

Llama poderosamente la atención que el torcido estado de derecho en Veracruz —agudizado en el gobierno de Cuitláhuac— se haga visible en los partidos de oposición, en las ONG’s, intelectuales y periodistas, con el plus de “ultraje a la autoridad” del Código Penal, que limita las marchas, plantones y tomas de oficinas públicas.

Una forma de acallar la crítica y denuncia pública de la sociedad civil o partidos políticos contra el aparato gubernamental es imponiéndoles el delito de “ultraje a la autoridad” para desintegrar la marcha o protesta social.

Los protocolos de protección de los derechos humanos, libre manifestación y ejercicio periodístico son “letra muerta” para el gobierno y esbirros de Cuitláhuac. Son simuladores y dobleces del estado de derecho.

No fomentemos héroes, ni mártires en la jornada electoral del domingo. A las reporteras y reporteros ¡cuidémonos de las pandemias, de los guardianes represores y de los autócratas! ¡Denúncielos ante los observadores nacionales e internacionales!

Es hora de mandar a volar a los bucaneros y depredadores del poder público que tienen a Veracruz y al país en el tobogán.

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